En el corazón de la ciudad de Panamá, Plaza Edison se erige como un símbolo de la relación entre el sector privado y el Estado. Lo que alguna vez fueron terrenos destinados a un hospital materno-infantil por la Caja de Seguro Social, terminaron en manos de Edmundo Esses, quien desarrolló un complejo comercial que hoy alberga múltiples entidades gubernamentales.
Desde su inauguración en el año 2000, más de 100,000 metros cuadrados del complejo están ocupados por ministerios como el de Comercio e Industrias (MICI), Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Desarrollo Social (Mides), así como oficinas del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
El negocio ha sido lucrativo para la familia Esses. Se estima que, en más de dos décadas, el Estado panameño ha desembolsado más de 500 millones de dólares en alquileres por estos espacios. El MICI, por ejemplo, ha pagado aproximadamente 24 millones de dólares en alquileres desde 2001.
Lo más polémico es que, a pesar de ser el principal inquilino, el Estado no solo paga alquileres elevados, sino que también permite que se cobre estacionamiento a los ciudadanos que acuden a estas oficinas públicas.
Esta situación evidencia una gestión ineficiente de los recursos estatales y una falta de planificación a largo plazo. Expertos señalan que, si el gobierno hubiera optado por construir una ciudad gubernamental propia, habría generado patrimonio público y ahorrado considerables sumas de dinero a largo plazo.
Mientras tanto, la familia Esses continúa beneficiándose de este lucrativo negocio inmobiliario construido sobre lo que alguna vez fue propiedad pública destinada a servicios de salud para los panameños.
Es hora de que el Estado panameño reevalúe sus prioridades y considere la construcción de una ciudad gubernamental que centralice las instituciones públicas, optimice recursos y, sobre todo, devuelva al pueblo lo que por derecho le pertenece.