Plaza Edison: La Ciudad Gubernamental Privada de Edmundo Esses y Pacific Hills

Redacción PNN 27/02/2025

Es alarmante cómo el Estado panameño ha pasado de ser propietario a inquilino en terrenos que alguna vez le pertenecieron, beneficiando a particulares a expensas del erario público. Hace tres décadas, el empresario Edmundo Esses adquirió a bajo costo los terrenos de Loma La Pava, originalmente destinados a un hospital materno-infantil por la Caja de Seguro Social. En lugar de cumplir con este propósito, Esses desarrolló Plaza Edison, un complejo comercial y de oficinas que, irónicamente, ahora alberga múltiples dependencias gubernamentales.

Desde su inauguración en el año 2000, Plaza Edison se ha convertido en el principal centro de operaciones para diversas entidades estatales. Actualmente, más de 100 mil metros cuadrados del complejo están ocupados por cuatro ministerios, una docena de direcciones, una sucursal bancaria estatal, oficinas del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Este masivo arrendamiento ha generado ingresos superiores a los 500 millones de dólares para la familia Esses, mientras el Estado continúa desembolsando sumas exorbitantes en alquileres.

Un ejemplo claro es el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que desde 2001 ha pagado aproximadamente 24 millones de dólares en alquileres en Plaza Edison. En octubre de 2024, se aprobó un traslado de partida por 1.1 millones de dólares para cubrir los costos de arrendamiento en Edison Plaza S.A. y Subic Investment Corp.

Además, en 2019, el Órgano Judicial licitó, por contratación directa, el alquiler de 12 locales en Plaza Edison por un periodo de tres años, con un costo de 2.09 millones de dólares.

Lo más indignante es que, a pesar de ser el principal inquilino, el Estado no solo paga alquileres desmesurados, sino que también permite que se cobre estacionamiento a los ciudadanos que acuden a estas oficinas públicas. Esta situación refleja una gestión ineficiente de los recursos estatales y una falta de visión a largo plazo en la administración de bienes públicos.

La política de arrendamiento actual del Estado requiere una reevaluación urgente. Si en lugar de alquilar, se hubiera optado por adquirir o construir propiedades propias, el Estado podría haber ahorrado sumas significativas y, además, generado patrimonio. La construcción de una ciudad gubernamental propia se presenta como una solución viable para centralizar las operaciones estatales, reducir gastos recurrentes en alquileres y evitar seguir beneficiando a empresarios que, como la familia Esses, se enriquecen a costa del tesoro público.

Es imperativo que las autoridades revisen y auditen los contratos de arrendamiento vigentes, evalúen alternativas más económicas y sostenibles, y prioricen el interés público sobre los beneficios privados. La ciudadanía merece transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos estatales, y es responsabilidad de los gobernantes garantizar que situaciones como esta no se repitan.