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Desde el año 2001, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ha desembolsado aproximadamente 24 millones de dólares en concepto de alquileres por espacios ocupados en Plaza Edison. Esta cifra, revelada por el ministro Julio Moltó durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, ha generado controversia y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos.
Plaza Edison, propiedad de las empresas Edison Plaza S.A. y Subic Investment Corp., vinculadas a los empresarios Mauricio y Edmundo Esses, alberga desde hace más de dos décadas las oficinas principales del MICI. El ministerio alquila dos áreas: una de 6,630 metros cuadrados con 165 estacionamientos y otra de 1,589 metros cuadrados con 40 estacionamientos, a un costo de 10 dólares por metro cuadrado.
Durante la sustentación de una solicitud de traslado de partidas por 1.1 millones de dólares para cubrir gastos de alquiler correspondientes al año 2023, el diputado Jonathan Vega cuestionó la prolongada dependencia del MICI en espacios alquilados. Vega sugirió que, en lugar de continuar con estos pagos millonarios, se debería considerar la construcción o adquisición de una sede propia para el ministerio, lo que a largo plazo resultaría más económico y beneficioso para el Estado.
La situación se torna aún más preocupante al considerar que el MICI no es la única entidad estatal que arrienda espacios en Plaza Edison. En noviembre de 2019, se informó que el Órgano Judicial licitó, por contratación directa, el alquiler de 12 locales en este complejo por un periodo de tres años (del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021), con un monto total de 2.09 millones de dólares.
Estos datos evidencian una tendencia preocupante: el Estado panameño ha invertido sumas millonarias en alquileres a lo largo de los años, beneficiando a empresas privadas y empresarios específicos, en este caso, a los hermanos Esses. Esta práctica no solo representa un uso ineficiente de los recursos públicos, sino que también plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y la transparencia en la gestión de contratos de alquiler.
La falta de planificación a largo plazo y la ausencia de políticas orientadas a la adquisición de propiedades estatales han llevado a una dependencia excesiva en alquileres. Esta situación, además de ser financieramente insostenible, perpetúa relaciones comerciales que pueden ser percibidas como poco transparentes o incluso corruptas.
Es imperativo que las autoridades revisen y auditen estos contratos de alquiler, evaluando su legalidad y pertinencia. Asimismo, se debe considerar seriamente la inversión en infraestructuras propias para las instituciones estatales, lo que permitiría un ahorro significativo a largo plazo y garantizaría una gestión más transparente de los recursos públicos.
La ciudadanía merece respuestas claras sobre el destino de sus impuestos y una gestión pública que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses particulares. La construcción de una ciudad gubernamental propia podría ser una solución viable para evitar seguir beneficiando a empresarios que, durante años, han lucrado con el dinero del Estado.
En conclusión, la relación contractual entre el MICI y Plaza Edison es un ejemplo alarmante de cómo la falta de planificación y transparencia en la gestión pública puede conducir a un uso ineficiente de los recursos estatales. Es responsabilidad de las autoridades actuales y futuras corregir estas prácticas y garantizar que el patrimonio nacional sea administrado de manera eficiente y en beneficio de todos los panameños.
