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Desde el año 2000, cuando se inauguró Plaza Edison, comenzó una de las más grandes y lucrativas operaciones de alquileres al Estado en la historia de Panamá. Detrás de este multimillonario negocio se encuentra el «filántropo» Edmundo Esses, un empresario que pasó de vender telas en los años 70 y 80 a convertirse en uno de los mayores arrendadores del gobierno. La pregunta que muchos se hacen es: ¿de dónde salió el dinero para su meteórico ascenso?
El patrón se repite con los años: oficinas del gobierno central, el Órgano Judicial y hasta el Ministerio Público han desembolsado cientos de millones de dólares en alquileres dentro de Plaza Edison. Ministerios como MIDES, MICI, MIVI, MITRADEL, una sucursal innecesaria del Banco Nacional, el Centro de Mediación de Conflictos del Ministerio Público, el RUE del Órgano Judicial y una docena de direcciones más han sido inquilinos de este complejo.
Aunque desde 2021 se estableció un tope de $10 por metro cuadrado mediante decreto, el ingenio de los beneficiarios de estos contratos ha encontrado la manera de aumentar la cifra real que cobra Plaza Edison. ¿El resultado? Se estima que Edmundo Esses y su empresa Pacific Hills han acumulado más de $500 millones en ingresos por alquileres al Estado.
Pero esto es solo la punta del iceberg.
El escándalo de Loma La Pava: ¿La corrupción al descubierto?
El diputado Adames destapó recientemente la denuncia sobre la compra de los terrenos adyacentes a Plaza Edison, conocidos como Loma La Pava. Este caso es solo el inicio de una red de corrupción, abuso de poder y doble moral empresarial que podría involucrar a altos funcionarios y bancos que han financiado estos proyectos.
La Unidad Investigativa de PNN ya ha identificado otros negocios turbios relacionados con la familia Esses y Pacific Hills. ¿Cuáles son las otras piezas de este rompecabezas?
- Terrenos contiguos al antiguo Aeropuerto Marcos A. Gelabert en Paitilla
- Un hospital fantasma que nunca se construyó y dejó a inversionistas en la ruina
- Proyectos inmobiliarios en el Caribe y Panamá Norte que están bajo sospecha
El Estado, rehén de los alquileres
La gran pregunta que debe responderse es: ¿por qué el Estado sigue pagando alquileres en una propiedad cuyo valor ya ha sido cubierto al menos seis veces con fondos públicos?
Y, peor aún, ¿es legal que los ciudadanos tengan que pagar estacionamiento en un centro comercial que alberga instituciones gubernamentales y donde los usuarios son, en última instancia, los verdaderos dueños de esos alquileres?
La investigación apenas comienza. Pero una cosa está clara: el negocio de los alquileres estatales ha sido una mina de oro para unos pocos, a costa del bolsillo de todos los panameños.
