Gaby busca inmunidad en el PARLACEN, pero para juramentarse debe violar la ley al usar ZOOM en su arresto domiciliario. ¿Se atrevería?

La reciente solicitud del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para incluir en la agenda del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) la juramentación del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo Jaén ha encendido un intenso debate jurídico y político en el país.

Más allá del trámite formal, surge una interrogante clave: ¿puede Carrizo juramentarse estando bajo arresto domiciliario?

Actualmente, el exvicepresidente enfrenta una medida cautelar de detención domiciliaria, la cual —según fuentes legales— no solo limita su movilidad física, sino que también restringe el uso de dispositivos o métodos electrónicos no autorizados. En este contexto, la posibilidad de participar en una sesión virtual del PARLACEN mediante la plataforma ZOOM no sería un simple trámite técnico, sino una potencial violación de las condiciones impuestas por la autoridad judicial.

Un requisito que choca con la ley

El reglamento del PARLACEN establece que la juramentación puede realizarse en sesiones plenarias, muchas de las cuales se desarrollan de forma virtual. Sin embargo, para que Carrizo pueda conectarse, requeriría acceso a medios electrónicos y, más importante aún, autorización expresa de un juez competente.

De no contar con dicho permiso, cualquier intento de juramentación vía ZOOM podría constituir un desacato o incumplimiento de medida cautelar, con consecuencias legales adicionales.

¿Inmunidad a cualquier costo?

Diversos analistas coinciden en que el interés detrás de esta juramentación no es meramente protocolar. Convertirse en diputado del PARLACEN implicaría adquirir inmunidad parlamentaria regional, lo que podría impactar directamente en los procesos judiciales en curso.

Esto plantea un dilema ético y legal:
¿puede un ciudadano sometido a la justicia buscar protección política sin respetar las restricciones que le han sido impuestas?

La última palabra la tiene un juez

En este escenario, cualquier intento de avanzar con la juramentación deberá pasar obligatoriamente por el filtro del sistema judicial panameño. Solo un juez podría autorizar el uso de medios electrónicos para ese fin específico.

Sin esa autorización, el camino hacia el PARLACEN no solo estaría bloqueado, sino que podría agravar la situación legal de Carrizo.

Un precedente peligroso

Este caso podría sentar un precedente delicado para el país y la región. Permitir —o intentar— una juramentación en condiciones que contradigan una medida judicial enviaría un mensaje claro: que la ley puede ser flexible cuando se trata de poder político.

La pregunta queda en el aire:
¿se atreverá Gaby Carrizo a cruzar esa línea en su búsqueda de inmunidad?