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La empresa sostiene que el alcalde le atribuyó públicamente delitos ambientales, tráfico de influencias y corrupción de servidores públicos. La querella fija provisionalmente en US$830 mil la reparación del daño y solicita una medida cautelar personal contra Galván.
La confrontación entre AGUASEO, S.A. y el alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, escaló definitivamente al terreno penal.
La empresa concesionaria del servicio de aseo urbano y domiciliario de Colón, representada por el empresario Aníbal Vallarino López, presentó una querella penal contra el alcalde Diógenes Galván, a quien acusa de haber realizado públicamente señalamientos que, según la acción judicial, podrían constituir calumnia.
El documento plantea que Galván habría atribuido a AGUASEO la comisión de delitos ambientales, así como supuestos actos relacionados con tráfico de influencias y corrupción de servidores públicos.
La posición de la empresa es contundente: sostiene que esas imputaciones son falsas y que sus operaciones se encuentran amparadas por una concesión administrativa y las autorizaciones correspondientes.
AGUASEO responde a las acusaciones
Uno de los puntos centrales de la querella es precisamente desmontar jurídicamente las acusaciones que, según la empresa, el alcalde ha venido formulando públicamente.
Respecto al supuesto delito ambiental, AGUASEO argumenta que opera el servicio público de aseo urbano y domiciliario bajo una Concesión Administrativa otorgada mediante el Acuerdo No. 101-40-35 del 28 de diciembre de 2001, y sostiene además que cuenta con autorización sanitaria del Ministerio de Salud.
Por ello, la querella afirma que las actividades desarrolladas por la compañía dentro de ese marco contractual y administrativo no pueden presentarse automáticamente como una actuación delictiva.
La empresa también rechaza tajantemente que hayan existido maniobras ilegales para conseguir la renovación o prórroga de la concesión.
Sobre las afirmaciones relacionadas con presuntas reuniones secretas con concejales, tráfico de influencias o supuestos pagos irregulares, la querella sostiene que AGUASEO niega rotundamente esas actuaciones.
La defensa de la empresa plantea además que el propio contrato permite discutir una eventual prórroga mediante acuerdo de las partes, por lo que considera legítimas las conversaciones y negociaciones realizadas dentro del marco contractual.
De la confrontación política a los tribunales
La querella identifica varias apariciones televisivas del alcalde Galván en las que presuntamente se realizaron los señalamientos cuestionados.
El documento menciona declaraciones correspondientes a los días 23 de abril, 8 de mayo, 2 de julio, 4 de julio y 15 de julio de 2026.
Para AGUASEO y Vallarino, ya no se trata simplemente de declaraciones políticas o de diferencias sobre la administración del servicio de recolección de basura.
Sostienen que se habría cruzado una línea.
La querella argumenta que atribuir falsamente a una persona o empresa la comisión de hechos punibles puede configurar el delito de calumnia, y cita los artículos 194 y 195 del Código Penal, incluyendo las disposiciones aplicables cuando esas manifestaciones se realizan a través de medios de comunicación social.
Será ahora el Ministerio Público y, en las etapas correspondientes, los tribunales competentes quienes deberán determinar si existen los elementos necesarios para sustentar esa acusación.
US$830 mil en juego
La acción presentada por AGUASEO incorpora además un elemento de considerable peso económico.
La empresa establece una cuantía provisional del daño de US$830,000, más intereses y gastos del proceso, reservándose el derecho de presentar posteriormente la acción resarcitoria correspondiente.
La querella sostiene que los señalamientos públicos habrían causado un perjuicio a la honra y buen nombre de AGUASEO.
Pero la acción va todavía más lejos.
Entre las solicitudes formuladas se encuentra que se pida ante un Juez de Garantías la imposición de una medida cautelar personal contra el alcalde Diógenes Galván, sustentada —según los querellantes— en los elementos de convicción aportados y en el perjuicio que aseguran haber sufrido.
Que esa petición sea concedida dependerá, naturalmente, de la valoración de las autoridades judiciales competentes.
Grabaciones de TV figuran entre las pruebas
La querella no se limita a relatar las declaraciones.
Entre las pruebas anunciadas aparecen grabaciones de noticias y declaraciones televisivas atribuidas al alcalde y difundidas por TVN y Telemetro, además de documentación remitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
También se aportan documentos relacionados con la existencia jurídica de AGUASEO, el contrato de concesión administrativa y el permiso sanitario de operación.
Como prueba testimonial se solicita, entre otras, la declaración de Danisha Ley, gerente general y de operaciones de AGUASEO, y del concejal Hugo Castro.
El alcalde tendrá que responder ante la justicia
La disputa por el manejo de la basura en Colón entra así en una nueva y mucho más delicada etapa.
Diógenes Galván podrá mantener sus cuestionamientos políticos y administrativos sobre la operación de AGUASEO, pero ahora deberá enfrentar una acusación formal en la que la empresa exige que se determine judicialmente si sus declaraciones traspasaron el terreno de la crítica y se convirtieron en imputaciones penales falsas.
AGUASEO y Aníbal Vallarino han decidido llevar la pelea hasta los tribunales.
La querella plantea una pregunta que ya no se resolverá frente a las cámaras de televisión: ¿tenía el alcalde pruebas suficientes para acusar públicamente a la empresa de conductas delictivas o realizó imputaciones falsas capaces de constituir calumnia?
La respuesta deberá producirse dentro del proceso penal, respetando la presunción de inocencia y el derecho de defensa del alcalde.
Lo que sí está claro es que el enfrentamiento dejó de ser únicamente una controversia por la basura, la concesión o la política municipal de Colón.
Ahora es un conflicto judicial, con una querella penal presentada, una reclamación provisional de US$830 mil y la solicitud de medidas cautelares contra el propio alcalde de Colón.
