Este medio advirtió hace un año que la creación de la Policía Municipal no solo era inconstitucional, sino peligrosa, pero Mayer no escuchó

Hace un año, este medio levantó la voz cuando muchos prefirieron guardar silencio. Advertimos que convertir la antigua vigilancia municipal en una supuesta Policía Municipal, armada, jerarquizada y con facultades coercitivas, no era una simple modernización administrativa. Era una decisión jurídicamente cuestionable y potencialmente peligrosa para los derechos ciudadanos.

El Acuerdo Municipal N.° 162 del 17 de junio de 2025 no se limitó a cambiar un uniforme o colocar una nueva placa. Transformó la Dirección de Seguridad Municipal en una estructura con lenguaje, rangos y atribuciones propias de un organismo policial. El documento contempla operaciones preventivas y represivas, aprehensiones, uso de fuerza, equipos incapacitantes y armas de fuego cortas y largas. Todo esto fue aprobado mediante un acuerdo local, pese a que la seguridad pública y la preservación del orden corresponden primordialmente a los estamentos nacionales creados por ley.

La pregunta que hicimos entonces sigue vigente: ¿puede un concejo municipal crear, por acuerdo, un cuerpo armado con facultades para detener ciudadanos y utilizar fuerza física?

La autonomía municipal no significa soberanía. Un municipio puede proteger sus instalaciones, custodiar sus bienes, fiscalizar normas locales y colaborar con la Policía Nacional. Lo que no debería hacer es atribuirse competencias que afectan directamente la libertad, la integridad y la seguridad de las personas sin una ley nacional clara que establezca límites, controles, entrenamiento, supervisión y responsabilidades.

Pero Mayer Mizrachi no escuchó las advertencias. Prefirió vender la imagen de una policía moderna, cercana y eficiente. Apostó por uniformes, rangos, placas, patrullas y exhibiciones de autoridad. Ahora, después de los hechos ocurridos en el edificio Hatillo, el propio alcalde reconoce que la actuación de algunos miembros no correspondió al modelo de intervención que esperaba y evalúa posibles suspensiones.

Ese reconocimiento llega tarde.

Cuando una administración entrega poder coercitivo sin controles suficientemente claros, el riesgo no es teórico. El riesgo tiene rostro: ciudadanos empujados, golpeados, sometidos o tratados como enemigos por funcionarios que deberían estar entrenados para proteger y disuadir.

El problema nunca fue únicamente el nombre de “Policía Municipal”. El problema fue crear una estructura que puede confundir al ciudadano sobre quién tiene autoridad para ordenar, detener, requisar o usar la fuerza.

La controversia ya llegó a la Corte Suprema. Una primera demanda de inconstitucionalidad no fue admitida, lo que no equivale a declarar constitucional el acuerdo. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad presentó una demanda de nulidad contra la norma, precisamente por considerar que invade competencias de los organismos nacionales de seguridad.

Hoy, Mayer debe responder políticamente por haber ignorado las alertas. Debe explicar quién autorizó los procedimientos, qué entrenamiento reciben esos agentes, qué protocolos regulan el uso de la fuerza y quién investiga sus posibles abusos.

Porque gobernar no es jugar a tener una policía propia.

Y la autoridad que no escucha, no rectifica y no pone límites termina convirtiendo una mala decisión jurídica en un verdadero peligro ciudadano.