El comunicado emitido por la Alcaldía de Panamá, lejos de cerrar la crisis generada tras los incidentes ocurridos en el edificio Hatillo, deja más preguntas que respuestas. El documento detalla cronogramas de pago, cifras desembolsadas y una cronología de los hechos, pero evita pronunciar dos palabras que, en momentos de tensión institucional, suelen ser fundamentales: «pedimos disculpas». Cuando en videos ampliamente difundidos se observa el uso de la fuerza por parte de unidades municipales contra ciudadanos, la expectativa de muchos no era únicamente una defensa administrativa de lo ocurrido, sino también un gesto de empatía hacia quienes se sintieron afectados.
El comunicado sostiene que la actuación de la Policía Municipal tuvo como propósito restablecer el orden y proteger las instalaciones públicas. Sin embargo, no reconoce la posibilidad de que, aun existiendo un operativo para controlar una situación compleja, algunos funcionarios pudieran haber excedido el uso proporcional de la fuerza. En un Estado democrático, el respeto al orden público debe caminar de la mano con el respeto a los derechos ciudadanos. Admitir que una actuación será revisada o que, de comprobarse excesos, habrá consecuencias, no debilita a una institución; por el contrario, fortalece la confianza pública.
Más allá del debate jurídico sobre las competencias de la denominada Policía Municipal —tema que ya ha sido objeto de cuestionamientos públicos y legales—, el mayor vacío del comunicado parece ser el componente humano. En ningún apartado se expresa solidaridad con los ciudadanos lesionados o afectados durante el altercado, ni se anuncia una investigación independiente que permita esclarecer responsabilidades. El mensaje transmite la impresión de que toda la responsabilidad recae sobre los manifestantes, mientras la actuación institucional queda presentada como plenamente justificada desde el primer momento.
La ciudadanía espera mucho más de sus autoridades que una defensa corporativa. Gobernar también implica reconocer errores cuando existen, escuchar las críticas y tender puentes con quienes piensan distinto. La autoridad no se mide únicamente por la capacidad de imponer el orden, sino también por la capacidad de generar confianza y demostrar sensibilidad frente al ciudadano.
Porque al final del día, una administración municipal no está para enfrentarse a sus contribuyentes, sino para servirles. Y cuando un comunicado omite la empatía, las disculpas y el compromiso de revisar una actuación cuestionada, deja abierta una interrogante inevitable: ¿la prioridad era informar a la ciudadanía o simplemente justificar lo ocurrido?
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