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En un país que clama por justicia social, eficiencia administrativa y respeto por el dinero del pueblo, hay una realidad que permanece, en gran parte, oculta entre paredes arrendadas, cláusulas blindadas y contratos llenos de letra pequeña: el negocio de los alquileres al Estado.
Panamá no solo alquila oficinas: alquila su dignidad. Y lo hace a precio de oro.
Desde hace décadas, un puñado de familias—no más de seis clanes empresariales—han convertido al Estado en su mejor inquilino, en su cliente VIP, en la fuente segura de ingresos millonarios que fluye sin competencia real ni rendición de cuentas. Estos contratos, en su mayoría otorgados sin estudios serios de ubicación, necesidad o eficiencia, son firmados por periodos que van de 10 a más de 30 años, perpetuando una dependencia parasitaria y profundamente inmoral.
No hablamos de alquileres modestos. Hablamos de edificios enteros ocupados por instituciones públicas que, lejos de buscar soluciones estructurales como la construcción de una Ciudad Gubernamental, siguen hipotecando el presente y el futuro del país a través de contratos que benefician a unos pocos y empobrecen a todos.
El abuso no termina en el alquiler base. Los contratos evaden los topes establecidos mediante fórmulas creativas: cargos por “mantenimiento”, cobros por “uso de áreas comunes”, tarifas por “acceso a luz solar” o hasta “derecho a estacionamiento”. Lo absurdo se normaliza, lo abusivo se institucionaliza. Y lo peor: se hace con fondos públicos.
A esto se suma la crueldad de cobrar estacionamientos al pueblo que asiste a hacer una gestión pública. Como si no bastara con sangrar al Estado, también golpean al ciudadano común, que tiene que pagar para acceder a una institución que ya paga millones en renta.
Es hora de hablar claro: esto no es solo ineficiencia; es un sistema estructurado de inmoralidad empresarial, una telaraña donde poder económico y complacencia política se entrelazan para saquear silenciosamente al país.
Desde PNN – Panamá Noticias Network, estamos dispuestos a develar los nombres, los montos y las condiciones de estos contratos. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes se han hecho millonarios a costa del Estado, mientras las escuelas se caen, los hospitales colapsan y los servidores públicos trabajan en condiciones deplorables.
Si el Estado es el inquilino, entonces el pueblo es el que paga la renta. Y hoy decimos basta.
Panamá necesita romper con esta estructura perversa. Construir infraestructura pública, establecer límites claros, auditar los contratos existentes y sancionar el abuso.
Porque alquilar no puede seguir siendo sinónimo de regalar. Y porque el Estado no está para enriquecer clanes, sino para servir a su gente.
