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En medio de tensiones geopolíticas, cuestionamientos técnicos y decisiones que aún generan debate, una pregunta sigue resonando en Panamá: ¿por qué el consorcio liderado por la empresa china China Communications Construction Company (CCCC) continúa al frente de la obra más ambiciosa de infraestructura del país?
El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, adjudicado en 2018 por más de 1,500 millones de dólares, no es solo una megaobra. Es también un punto de encuentro —o de choque— entre intereses económicos, políticos y estratégicos de escala global.
Un contrato millonario con sombras desde su origen
El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), integrado por dos empresas estatales chinas, obtuvo la licitación con una propuesta de $1,420 millones. Sin embargo, lo hizo con el puntaje técnico más bajo entre los competidores: apenas 30.99 puntos, muy por debajo de consorcios como Dragados y Astaldi-Daelim.
La decisión no pasó desapercibida. Hubo impugnaciones, reclamos y cuestionamientos sobre el proceso. Aun así, la Dirección General de Contrataciones Públicas validó el resultado, ratificando la adjudicación firmada por el entonces ministro del MOP, Ramón Arosemena.
Pero eso no fue todo.
Coincidencias que generan preguntas
El gobierno panameño dio la orden de proceder al consorcio chino apenas un día después de la visita oficial del presidente Xi Jinping a Panamá. En ese momento, el entonces presidente Juan Carlos Varela habló de “confianza” y del fortalecimiento de las relaciones con China.
¿Casualidad o estrategia geopolítica?
El proyecto quedó así vinculado no solo a una obra de infraestructura, sino a la expansión de la influencia china en América Latina bajo la iniciativa de “La Franja y la Ruta”.
La empresa detrás del puente
CCCC no es cualquier contratista. Es una gigante estatal china, controlada en un 63.8% por el gobierno de China a través de la SASAC. Con ingresos que superan los $136 mil millones y presencia global, ocupa un lugar destacado en el ranking Fortune Global 500.
Pero su poder también viene acompañado de controversias.
Sanciones, listas y alertas internacionales
En 2020, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó subsidiarias de CCCC en su lista de entidades restringidas, acusándolas de participar en la militarización de islas artificiales en el Mar del Sur de China.
Ese mismo año, el Departamento de Defensa la clasificó como una empresa vinculada al Ejército Popular de Liberación. Posteriormente, una orden ejecutiva prohibió a inversionistas estadounidenses participar en compañías con ese perfil.
Aunque CCCC no figura en la lista SDN de OFAC, sí aparece en otras listas sensibles del gobierno estadounidense, lo que implica riesgos reputacionales y operativos para cualquier país o empresa que mantenga relaciones con ella.
Entonces… ¿por qué sigue?
A pesar de todo —puntaje técnico bajo, impugnaciones, contexto geopolítico y sanciones internacionales— la CCCC sigue al frente del proyecto.
Las razones parecen combinar varios factores:
- Compromisos contractuales ya establecidos, difíciles de revertir sin costos millonarios.
- Intereses estratégicos del Estado panameño en mantener relaciones con China.
- Capacidad financiera y operativa del consorcio, que le permite sostener obras de gran escala.
- Una decisión política que trasciende lo técnico, donde el puente es solo una pieza dentro de un tablero mayor.
Más que un puente
El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá no solo conectará dos orillas. También conecta intereses globales, tensiones diplomáticas y decisiones que marcarán el rumbo del país por décadas.
La pregunta ya no es solo por qué CCCC sigue…
La verdadera pregunta es: ¿qué hay detrás de esa decisión?
