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En un país donde la justicia parece aplicarse según la cercanía al poder, el caso de Gaming & Services de Panamá S.A. es un símbolo del deterioro institucional. El 16 de agosto de 2023, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo inequívoco: la operación de 12 salas de máquinas tragamonedas tipo A bajo la marca Fantastic Casino es ilegal. Sin embargo, la Junta de Control de Juegos (JCJ), encargada de velar por la legalidad en esta industria, sigue permitiendo su funcionamiento.
La Corte falla, pero el negocio continúa
El fallo anuló una adenda al contrato de concesión entre el Estado y la empresa, que ampliaba su número de salas de manera inconsulta y violatoria de la ley. La Corte fue clara: se estaba afectando la libre competencia y violando el Decreto Ley 2 de 1998. Pero a pesar del dictamen judicial, la JCJ no solo ha hecho caso omiso, sino que en noviembre de 2023 autorizó la apertura de 23 nuevas salas para esta y otras empresas, en lo que muchos califican como un acto de abierto desacato.
Conflictos de interés y vínculos políticos
El escándalo va más allá del incumplimiento. En la industria del juego y círculos políticos se habla de vínculos directos entre Manuel Sánchez, actual secretario ejecutivo de la JCJ, y familiares del expresidente Laurentino Cortizo. Más aún, el fallecido Jorge Ibáñez Bernaldo de Quirós —representante legal de la empresa— fue uno de los principales donantes de campaña del expresidente Cortizo y del exvicepresidente Gaby Carrizo.
Las conexiones políticas detrás de la empresa hacen que muchos se pregunten: ¿quién está realmente detrás de la protección de CIRSA?
Legalidad a la carta
Mientras el país enfrenta una profunda crisis de confianza institucional, los casinos operan como si nada, los fallos de la Corte parecen meras sugerencias, y las autoridades responsables guardan un silencio cómplice. Peor aún, circula en la Asamblea una propuesta para eliminar el impuesto a las mesas de juego, lo que beneficiaría directamente a las empresas de esta industria.
No son solo máquinas tragamonedas. Es una muestra brutal del poder de una élite político-empresarial que opera al margen de la ley y que, cuando se ve expuesta, simplemente ignora las instituciones.
Un reflejo del país que duele
Este caso se ha convertido en un espejo incómodo para Panamá. La Corte Suprema dicta un fallo que busca proteger la legalidad y la competencia; el Ejecutivo, a través de la JCJ, lo desobedece flagrantemente; y los ciudadanos siguen esperando que se respete el Estado de Derecho.
Mientras tanto, el mensaje es claro: si eres un ciudadano común, el peso de la ley caerá sobre ti. Pero si estás en la órbita del poder, tienes licencia para ignorarla.
