Por el Rescate de la Dignidad de la UNACHI; Contraloría iniciará auditoría forense, se acabó el relajo YA

Panamá no puede seguir normalizando el desorden administrativo, la opacidad y el manejo irresponsable de recursos que pertenecen al pueblo. La decisión de la Contraloría General de la República de iniciar una auditoría forense en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) marca un punto de inflexión en la exigencia de transparencia dentro de las instituciones públicas del país.

La investigación surge tras detectarse presuntas irregularidades relacionadas con descuentos aplicados a trabajadores universitarios que, aparentemente, no fueron transferidos oportunamente a las entidades correspondientes. Estamos hablando de dinero descontado directamente del salario de docentes y administrativos, recursos que representan compromisos financieros, seguridad social y estabilidad familiar.

Y aquí hay algo claro: ningún funcionario, rectoría o administración universitaria puede jugar con el dinero ajeno.

La Contraloría ha sido contundente al señalar que esta situación podría estar afectando derechos fundamentales vinculados con la seguridad social y la estabilidad financiera de cientos de colaboradores. Eso ya deja de ser una simple irregularidad administrativa para convertirse en un tema profundamente humano y moral.

Durante años, muchos sectores denunciaron excesos, silencios y una preocupante falta de rendición de cuentas dentro de la UNACHI. Hoy, finalmente, pareciera que las instituciones comienzan a actuar con la firmeza que la ciudadanía reclamaba.

La auditoría tendrá como propósito verificar el destino de los fondos descontados, identificar posibles irregularidades y determinar responsabilidades. Y eso es precisamente lo que Panamá necesita: instituciones que investiguen, documenten y actúen, sin importar apellidos, cargos o influencias políticas.

La autonomía universitaria jamás puede ser utilizada como escudo para impedir la fiscalización. La autonomía existe para proteger el pensamiento, la educación y la libertad académica, no para blindar posibles malos manejos administrativos.

La Contraloría fue clara al reiterar que ningún principio de autonomía puede estar por encima de la protección de los derechos de los trabajadores, del uso correcto de los recursos públicos y de la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía.

Ese mensaje debe retumbar no solo en la UNACHI, sino en todas las instituciones públicas del país.

Panamá vive un momento donde la población exige transparencia real. La gente está cansada de escándalos que nunca terminan en consecuencias. Está cansada del “no pasa nada”. Y precisamente por eso esta auditoría representa mucho más que una revisión contable: representa una oportunidad para rescatar la credibilidad institucional y devolverle dignidad a una universidad que debería ser símbolo de excelencia y formación.

Porque cuando se juega con fondos públicos y con el bienestar de los trabajadores, se acabó el relajo.

Y el país entero está observando.