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En Colón, la basura podría estar ocultando algo mucho más peligroso que malos olores. Detrás del interés por sacar al proveedor actual se levantaría la sombra del narcotráfico, el contrabando y grupos que buscan apoderarse de una operación estratégica con acceso directo a puertos y a la Zona Libre.
Aquí no estamos hablando solamente de bolsas, desperdicios o camiones recolectores. Estamos hablando de rutas, horarios, vehículos y personas con capacidad para entrar y salir de zonas donde diariamente se movilizan miles de contenedores y mercancías por millones de dólares.
La basura puede convertirse en el escondite perfecto.
Entre desperdicios podrían entrar o salir drogas, mercancía de contrabando, dinero, armas o paquetes ilegales sin despertar las mismas sospechas que generaría un cargamento tradicional. Por eso, controlar la recolección en puertos y áreas comerciales no es un negocio cualquiera: es tener acceso a una de las puertas más sensibles de Colón.
El proveedor actual mantiene un contrato que incluye la recolección de basura en sectores estratégicos. Sin embargo, se denuncia que particulares estarían realizando parte de estas labores con la aparente anuencia de la Alcaldía.
¿Quiénes son esos particulares?
¿Quién les permitió ingresar?
¿Quién revisa sus camiones?
¿Quién controla lo que cargan cuando entran y lo que realmente transportan cuando salen?
Pero la pregunta más grave es otra: ¿por qué existe tanto interés del alcalde de Colón en sacar al proveedor actual y colocar la operación en otras manos?
¿Se trata de un problema técnico debidamente documentado o existe presión para entregar el negocio a personas, empresas o grupos con intereses ocultos?
En una provincia golpeada durante décadas por el narcotráfico y el contrabando, cualquier cambio en el manejo de los desechos portuarios debe ser revisado con lupa. No puede permitirse que una decisión municipal termine abriendo corredores sin control dentro de los puertos y la Zona Libre.
La Policía Nacional, Aduanas, la Autoridad Marítima, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público deben investigar quiénes están intentando quedarse con esta operación, quién los respalda y qué relación mantienen con las autoridades locales.
Porque entregar la basura a manos equivocadas no sería solamente cambiar de proveedor.
Sería entregar las llaves de una ruta perfecta para el crimen organizado.
El alcalde tiene que hablar.
¿Por qué quiere sacar al proveedor actual y quién está esperando ocupar su lugar?
