¿80 millones para limpiar hospitales… o para seguir ensuciando el sistema?

Panamá vuelve a enfrentarse a una de esas noticias que indignan más de lo que sorprenden. Una licitación millonaria para el servicio de aseo, limpieza y desinfección de hospitales públicos abre nuevamente el debate que el país lleva años evitando: ¿de verdad el Estado panameño perdió la capacidad de hacer las cosas por sí mismo?

La pregunta no es menor. Estamos hablando de una contratación que podría rondar los 80 millones de dólares para limpiar hospitales. Sí, limpiar. Barrer, desinfectar, recoger desechos, mantener áreas higiénicas y garantizar salubridad. Funciones básicas que históricamente fueron realizadas por personal permanente del propio sistema público de salud.

Entonces, ¿qué pasó?

¿Cómo llegamos al punto en que el Estado necesita tercerizar hasta la escoba y el trapeador?

La narrativa oficial siempre será la misma: “eficiencia”, “especialización”, “optimización de recursos”, “capacidad operativa”. Pero el pueblo ya aprendió a leer entre líneas. Porque demasiadas veces, detrás de palabras elegantes, terminan escondidos contratos inflados, intermediarios privilegiados y negocios construidos alrededor de la dependencia estatal.

Aquí es donde nace la duda legítima y necesaria:
¿Es realmente más barato contratar empresas privadas por decenas de millones de dólares, o simplemente es más rentable para ciertos grupos convertir la necesidad pública en negocio privado?

Porque si el Estado puede pagar 80 millones, también podría contratar directamente personal, comprar equipos, fortalecer departamentos de mantenimiento hospitalario y generar plazas permanentes para miles de panameños. Dinero que quedaría circulando dentro de la economía nacional y no concentrado en unos pocos contratistas.

Pero pareciera que el modelo actual no busca fortalecer instituciones, sino debilitarlas para justificar la privatización progresiva de todo.

Hoy se terceriza la limpieza.
Mañana será la seguridad.
Después el mantenimiento.
Luego la administración.
Y cuando menos lo notemos, los hospitales públicos serán simples edificios administrados por contratistas privados financiados con dinero del pueblo.

Lo más preocupante es el mensaje moral detrás de esto.

En un país donde faltan medicamentos, donde pacientes esperan meses por cirugías, donde médicos denuncian carencias básicas y donde miles de familias hacen rifas para pagar tratamientos, escuchar cifras multimillonarias para limpieza hospitalaria provoca indignación social.

No porque limpiar no sea importante. Claro que lo es. La higiene hospitalaria salva vidas. Pero precisamente por eso debería ser una prioridad institucional permanente y no una mina de oro contractual cada cierto tiempo.

La conciencia nacional debe despertar.

No todo problema público necesita convertirse en licitación millonaria.
No toda necesidad debe terminar en manos privadas.
No todo contrato significa progreso.

El verdadero desarrollo ocurre cuando el Estado fortalece sus capacidades internas, profesionaliza a su gente y administra correctamente los recursos de todos.

Porque si seguimos tercerizando funciones esenciales, llegará el día en que el gobierno ya no sabrá gobernar… solo contratar.

Y allí, el negocio habrá derrotado definitivamente al interés público.