Panamá vivió durante demasiados años bajo una peligrosa costumbre: la resignación. La resignación de ver cómo algunos sectores del poder se sentían intocables, inmunes a la fiscalización y alejados de la realidad del panameño común que madruga, trabaja y cumple.
Por eso, cuando un funcionario decide enfrentar privilegios históricos, investigar posibles irregularidades y exigir que las reglas sean iguales para todos, lo correcto no es atacarlo por hacer su trabajo. Lo correcto es reconocer el valor de tomar decisiones incóodas pero necesarias.
El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, ha iniciado una etapa distinta dentro de la Contraloría. Una etapa donde se audita, se revisa y se cuestiona el uso de los recursos públicos, incluyendo estructuras que durante años parecían intocables.
Las investigaciones en la Asamblea Nacional sobre el control de asistencia, las llamadas “botellas” y las irregularidades administrativas no deben verse como persecución política. Deben verse como un mensaje claro y contundente al país: en Panamá nadie debe estar por encima de la ley ni del deber de cumplir con su trabajo.
Y es precisamente ahí donde muchos panameños se sienten identificados con las palabras del Contralor cuando recordó al trabajador que se levanta a las tres o cuatro de la mañana para llegar puntualmente a su empleo. Ese ciudadano existe. Ese Panamá real existe. Ese Panamá que cumple y paga impuestos merece respeto.
Durante demasiado tiempo, el pueblo observó cómo algunos gozaban de privilegios especiales mientras el ciudadano común debía cumplir normas estrictas. Esa desigualdad fue erosionando la confianza en las instituciones.
Hoy, aunque falta mucho camino por recorrer, hay señales de que algo empieza a cambiar.
Auditar no es perseguir. Fiscalizar no es atacar. Poner orden no es autoritarismo. Es simplemente cumplir con la responsabilidad para la cual se le paga a un funcionario público.
La esperanza de un país serio nace cuando las instituciones empiezan a funcionar sin miedo y sin padrinos políticos. Y aunque habrá resistencia, críticas y campañas para desacreditar cualquier intento de transformación, Panamá necesita comprender que el combate contra el desorden administrativo y la corrupción jamás será cómodo para quienes se beneficiaron del viejo sistema.
Este no es momento para defender privilegios. Es momento de defender principios.
Que todos marquen asistencia.
Que todos rindan cuentas.
Que todos sean auditados.
Que todos respeten la ley.
Así debe funcionar una verdadera democracia.
Porque el dinero que administra el Estado no pertenece a los políticos ni a los gobiernos de turno; pertenece al pueblo panameño.
Y cuando un Contralor decide abrir auditorías, investigar y exigir controles, aunque incomode a muchos, también le devuelve esperanza a millones de ciudadanos que durante años sintieron que nadie cuidaba la casa.
Panamá necesita instituciones fuertes, transparentes y valientes.
Y no podemos olvidar algo fundamental: este Contralor fue quien se atrevió a comenzar a poner orden en la casa. Nada de privilegios.
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