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Panamá enfrenta una crisis penitenciaria que ya no admite más pretextos: con casi 18 000 privados de libertad alojados en recintos diseñados para poco más de 14 500, el sistema está desbordado en más de un 23 %.
Celdas hacinadas, insuficiencia médica, altos riesgos sanitarios y un pesado lastre presupuestario: cada preso cuesta al Estado y la sociedad, en infraestructura, operaciones y personal.
Y ahí surge la cruda realidad: el sistema no solo está en colapso, está matando su propósito de reinserción. La mitad de los reclusos aún no tiene condena y mucho menos procesos resocializadores efectivos.
Propuestas urgentes que marcan la diferencia
- Pulseras electrónicas de monitoreo
- Implementar un sistema de control remoto mediante pulseras inteligentes permitiría descongestionar prisiones sin impunidad. No es solo vigilancia, es acompañamiento: seguimiento geográfico, citas judiciales, condiciones de libertad con respaldo tecnológico.
Reducción de penas condicionales – excepción homicidios, violaciones, secuestros
Un esquema de rebaja automática del 25 % por buena conducta, con seguimientos regulares, reduciría sensiblemente la población penal y desbloquearía espacio sin costar más. Muchos cumplen con méritos la mitad de sus condenas, pero están atrapados por retrasos o fallas administrativas.
Libertad condicional vigilada y programas de reinserción
No se trata de regalar libertad, sino de ofrecer una segunda oportunidad responsable. Educación, trabajo comunitario y apoyo psicosocial pueden convertir una sentencia en aprendizaje y no en una escuela del crimen.
Beneficios reales para todos
Descongestión inmediata: menor hacinamiento, menos violencia y mejor salud para todos
Ahorro y reorientación del gasto público: el dinero que se destina al sobrecosto de cárceles se puede invertir en prevención, educación o salud.
Impacto positivo en la seguridad ciudadana: menos población carcelaria, menos redes criminales dentro del sistema.
¿Por qué no iniciar ya?
El Ejecutivo y la Asamblea deben priorizar esta reforma:
- Revisión de la Ley de Ejecución Penal.
- Convenios interinstitucionales, incluyendo Ministerio de Justicia, Salud y Trabajo social.
- Marco regulatorio para monitoreo digital y seguimiento comunitario.
Un país no se juzga por los muros que levanta, sino por las oportunidades que ofrece.
Es tiempo de vislumbrar un sistema penitenciario de segunda oportunidad, no de represión masiva.
Porque cuando los presos salen en pulsera o con condición, no son violadores de sueños, sino portadores de una sociedad que decidió no vender su futuro por un poco de miedo.
¿Y tú qué opinas?
¿Crees que con pulseras electrónicas y reducción de penas dignificamos vidas y hacemos un país más justo?
