En medio de las múltiples urgencias nacionales —educación precaria, hospitales colapsados, calles en mal estado y una economía que tambalea— hay una verdad incómoda que los panameños ya no podemos seguir ignorando: el millonario negocio de los alquileres que el Estado paga por ocupar edificios privados. Un negocio que, aunque disfrazado de legalidad, representa uno de los mayores despilfarros de recursos públicos en nuestra historia contemporánea.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es Plaza Edison, un complejo que alberga varias entidades gubernamentales. Según datos disponibles, más de mil millones de dólares han sido desembolsados en concepto de alquileres en ese solo punto, sin que el Estado adquiera un solo ladrillo en propiedad. Y lo que es peor, se trata de instalaciones deterioradas, con ascensores fuera de servicio, iluminación deficiente, poco mantenimiento y condiciones de trabajo que dejan mucho que desear para funcionarios y ciudadanos.
¿Quién gana con esto? No es el pueblo panameño. Ganan unos cuantos empresarios que se han convertido en arrendadores privilegiados del Estado. Ganan los que están detrás del telón, con contratos a largo plazo, tarifas infladas y cero intenciones de mejorar las instalaciones porque saben que el Estado —y por tanto todos nosotros— seguirá pagando religiosamente cada mes.
Además del deterioro de las oficinas, a los ciudadanos se les impone el pago por estacionamientos, incluso para realizar trámites que muchas veces deberían ser gratuitos, rápidos y accesibles. ¿Hasta cuándo permitiremos esta doble injusticia?
Mientras tanto, los recursos que podrían estar destinados a educar a nuestros niños, mejorar los hospitales, crear espacios públicos dignos, o incluso modernizar la infraestructura judicial, terminan inyectando riqueza en un modelo que ha probado ser insostenible y profundamente injusto.
La solución existe y es urgente: Panamá necesita una Ciudad Gubernamental YA. Un espacio moderno, funcional, propio y bien planificado, donde se concentren los ministerios y entidades del Estado. Un lugar que reduzca costos operativos mejore la eficiencia del servicio público, y brinde condiciones laborales adecuadas para los funcionarios.
No se trata solo de ahorrar dinero. Se trata de dejar de alquilar el futuro del país para empezar a construirlo. Una Ciudad Gubernamental sería una inversión estratégica, una muestra de madurez institucional y una promesa de gestión más responsable.
En tiempos donde la ciudadanía exige transparencia, eficiencia y visión de Estado, mantener este modelo de alquileres millonarios es simplemente inmoral.
El llamado es claro: basta de negocios disfrazados de legalidad. Panamá no puede seguir siendo rehén de los intereses de unos pocos. El país necesita tomar decisiones valientes, y la construcción de una Ciudad Gubernamental debe estar al tope de la agenda nacional.
Es tiempo de cambiar la historia. Es tiempo de ser dueños, no inquilinos, del futuro.