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La discusión política siempre es saludable cuando está sustentada en datos, propuestas y argumentos. Sin embargo, cuando un diputado utiliza la tribuna legislativa para lanzar acusaciones que ponen en duda el trabajo de cientos de servidores públicos sin presentar pruebas concluyentes, el debate deja de ser constructivo para convertirse en un ejercicio de confrontación política. Las recientes declaraciones del diputado José Pérez Barboni, cuestionando las cifras de recuperación del empleo y atribuyendo incluso el reclutamiento de jóvenes panameños en conflictos armados extranjeros a un supuesto fracaso del Mitradel, elevaron innecesariamente el tono del debate.
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, respondió con firmeza, defendiendo el trabajo de la Dirección Nacional de Empleo y de los funcionarios que diariamente recorren el país organizando ferias de empleo, orientando a miles de ciudadanos y conectando a trabajadores con empresas que requieren talento. Su llamado al diputado para que «deje la taquilla» y conozca de cerca el trabajo institucional refleja una postura de defensa hacia un equipo que sostiene la intermediación laboral en todo el territorio nacional.
Más allá de las diferencias políticas, las cifras anunciadas por el Mitradel forman parte de una estrategia gubernamental que sostiene que las contrataciones crecieron un 22% durante el primer semestre de 2026, alcanzando 174,383 nuevos contratos, acompañadas por programas como Mi Primer Empleo, Mi Primer Empleo Agro y Panamá Pa’ Ti, iniciativas que buscan ampliar las oportunidades laborales para jóvenes y otros sectores de la población. Estas cifras, naturalmente, pueden ser objeto de escrutinio público, pero ese análisis debe hacerse con responsabilidad y sobre evidencia verificable, no mediante afirmaciones que desacrediten el esfuerzo institucional sin el debido sustento.
La Asamblea Nacional tiene el deber de fiscalizar al Ejecutivo, pero también la responsabilidad de elevar el nivel del debate. Cuando las críticas se apoyan en datos sólidos fortalecen la democracia; cuando se convierten en descalificaciones generalizadas, terminan debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. Si existen dudas sobre las estadísticas del empleo, corresponde solicitar auditorías, informes técnicos o la intervención de los organismos competentes, no reducir el debate a frases de impacto.
En un momento en que Panamá necesita generar confianza para atraer inversiones y crear más oportunidades de trabajo, el país espera de sus dirigentes menos espectáculo político y más propuestas concretas. La respuesta de la ministra Muñoz deja un mensaje claro: el debate es bienvenido, pero el respeto al trabajo de quienes diariamente buscan conectar a miles de panameños con una oportunidad laboral también debe formar parte de la discusión pública.
