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El Consejo Nacional Sindical de SUNTRACS (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares) ha tomado una decisión trascendental al ratificar una huelga nacional indefinida en Panamá. Esta medida surge como respuesta a una serie de políticas y decisiones gubernamentales que el sindicato considera perjudiciales para los trabajadores y la soberanía nacional.
Motivos de la huelga
Los principales puntos de conflicto que han llevado a esta decisión incluyen:
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Rechazo a la Ley 462: Esta ley, recientemente aprobada, introduce reformas al sistema de Seguridad Social que, según SUNTRACS, privatiza las pensiones y beneficia más a los bancos que a los trabajadores.
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Oposición a la reapertura de la mina de cobre: El sindicato se opone a los planes del gobierno de reactivar la controvertida mina de cobre en Donoso, que fue cerrada por orden judicial en 2023.
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Rechazo a los embalses de Río Indio: SUNTRACS se opone a proyectos de represas que podrían tener impactos ambientales y sociales negativos.
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Protesta contra el alto costo de vida: El sindicato busca abordar las crecientes dificultades económicas que enfrentan los trabajadores panameños.
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Defensa de la soberanía nacional: SUNTRACS expresa preocupación por las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre «reclamar» el Canal de Panamá, y critica la respuesta del presidente panameño José Raúl Mulino.
Antecedentes de la movilización
Esta decisión se produce después de semanas de protestas y enfrentamientos con las autoridades. El 21 de marzo, se registraron choques entre manifestantes y la Policía Nacional durante una marcha en rechazo a la Ley 4621. Anteriormente, el 17 de febrero, SUNTRACS ya había anunciado una huelga de 24 horas como advertencia.
Impacto y reacciones
La huelga indefinida podría tener un impacto significativo en la economía panameña, especialmente en el sector de la construcción. El gobierno del presidente Mulino ha defendido la Ley 462 como necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social3, pero enfrenta una creciente oposición de los sindicatos y grupos de la sociedad civil.
La situación sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días haya nuevas manifestaciones y posibles negociaciones entre el gobierno y los representantes sindicales. La resolución de este conflicto será crucial para la estabilidad social y económica de Panamá en los próximos meses.
