Contraloría audita contratos de Pandeportes tras denuncias

Resumen: La Contraloría General de la República de Panamá ha ordenado el inicio de auditorías forenses sobre contratos clave del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) tras recibir denuncias de la ciudadanía. La investigación se centrará inicialmente en un contrato para la construcción de nueve instalaciones deportivas en Coclé, ejecutado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé. El objetivo es determinar la legalidad y transparencia en el uso de estos recursos del Estado.

La Contraloría General de la República ordenó el inicio de auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes, Pandeportes, luego de recibir denuncias ciudadanas relacionadas con proyectos de infraestructura deportiva.

De acuerdo con la nota de prensa fechada el 7 de agosto de 2026, las auditorías buscan determinar si las actuaciones administrativas, contractuales y financieras vinculadas a estos proyectos se ajustaron a la ley y si los recursos públicos fueron administrados de forma correcta y transparente.

La entidad informó que las primeras auditorías estarán dirigidas a la revisión del contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, en la provincia de Coclé. Este contrato fue ejecutado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por las empresas Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A.

Según la Contraloría, la auditoría comprenderá un análisis integral de la ejecución contractual, incluyendo modificaciones aprobadas, adendas, ampliaciones de plazo, pagos realizados, liquidaciones y demás actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto.

La institución explicó que estos procesos estarán orientados a establecer si los procedimientos administrativos y financieros se desarrollaron conforme al marco legal vigente. Para ello, equipos especializados revisarán expedientes administrativos, documentación financiera, registros contables, informes técnicos, órdenes de cambio, estados de pago y cualquier otra evidencia que permita reconstruir técnicamente la ejecución de los contratos.

La Contraloría advirtió que ningún contrato quedará fuera del escrutinio. Cada adenda, pago y liquidación será examinado con rigor técnico para determinar si los recursos públicos fueron administrados conforme a la ley.

La entidad enfatizó que la apertura de estas auditorías responde a su mandato constitucional de fiscalizar el manejo de los fondos públicos y proteger el patrimonio del Estado. También aclaró que estas actuaciones no constituyen un juicio anticipado contra ninguna persona natural o jurídica, sino el inicio de un proceso técnico e independiente que garantizará el debido proceso y el derecho de defensa de todas las partes involucradas.

En caso de que las auditorías determinen la existencia de posibles lesiones patrimoniales al Estado o hechos con relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.

Con esta decisión, la Contraloría General de la República reafirmó su compromiso con una fiscalización firme, objetiva y sin excepciones, asegurando que cada balboa proveniente de los contribuyentes sea sometido al más alto nivel de control, transparencia y rendición de cuentas.

Preguntas Frecuentes sobre Contraloría

¿Qué consecuencias tiene una auditoría forense de la Contraloría?

Si se detectan anomalías graves, el informe sirve como prueba fundamental para que la Fiscalía inicie procesos penales por peculado o corrupción.

¿La Contraloría puede suspender los pagos a un contratista?

Sí, la entidad puede retener refrendos y suspender desembolsos de forma preventiva si existen sospechas fundamentadas de irregularidades.

¿Cómo puede un ciudadano denunciar una obra irregular ante la Contraloría?

Cualquier persona puede presentar denuncias ciudadanas aportando pruebas o indicios sobre el mal uso de bienes del Estado a través de los canales oficiales de la institución.