La mañana de este viernes 11 de octubre, siete personas fueron aprehendidas bajo sospecha de la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en perjuicio del Ministerio de Educación (Meduca). Las investigaciones se centran en irregularidades relacionadas con nombramientos y traslados dentro de la entidad, tras denuncias que apuntan a la venta de plazas de trabajo.
Allanamientos en varias provincias
La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, junto a miembros de la Policía Nacional, ejecutaron una serie de allanamientos en distintas provincias, incluyendo Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá Oeste, Veraguas y Herrera. Las investigaciones se iniciaron en mayo de este año, tras denuncias presentadas por docentes que señalaban favoritismos y pagos indebidos para obtener plazas de trabajo.
Venta de nombramientos y traslados
De acuerdo con el fiscal Emeldo Márquez, las investigaciones revelaron que un grupo de funcionarios y exfuncionarios del Meduca estaban negociando nombramientos, traslados y licencias, cobrando sumas que oscilaban entre 500 y 2,800 dólares. Algunas personas incluso llegaron a pagar hasta 70 mil dólares por un puesto, como fue el caso de una de las personas involucradas en La Chorrera.
«Los nombramientos eran otorgados por amiguismo, y quienes pagaban no contaban con los puntos necesarios para acceder a esos cargos,» detalló Márquez.
Pruebas y próximas audiencias
Durante los allanamientos, las autoridades recuperaron documentos relacionados con la investigación, los cuales serán presentados ante el juez de garantías. Se espera que en las próximas horas se legalice la aprehensión de los siete sospechosos, se formulen los cargos correspondientes y se impongan las medidas cautelares.
Otras investigaciones en curso
Además de este caso, el Ministerio Público también investiga el pago indebido de quincenas a más de 100 personas fallecidas, una irregularidad que fue detectada tras auditorías internas realizadas por el Meduca. Hasta la fecha, se han identificado 16 casos de docentes fallecidos a quienes se les siguió pagando después de su muerte, desde el año 2021.
Las autoridades han presentado la información y documentación necesaria para esclarecer estas irregularidades, con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables, tanto en la vía penal como en la administrativa.
Este caso pone en evidencia la importancia de mantener la transparencia y ética en las instituciones públicas para evitar el abuso de poder y la corrupción.