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La empresa Panama Ports Company (PPC), operadora de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, emitió un comunicado oficial defendiendo su gestión frente a los señalamientos recientes sobre posibles irregularidades en su concesión, luego de que la Procuraduría General iniciara una investigación penal tras las declaraciones del contralor Anel Flores.
Inversiones superiores a lo acordado
En su defensa, PPC destaca que ha realizado inversiones por $1,695 millones, superando significativamente tanto la inversión inicial de $50 millones requerida en el contrato original de 1997 como los $1,000 millones acordados en la adenda de 2005. Esta información, según la empresa, fue verificada por la propia Contraloría General durante una auditoría realizada en 2020.
«La Contraloría concluyó que PPC está en cumplimiento sustancial de las cláusulas y obligaciones del contrato de concesión», señala el documento, rechazando categóricamente las afirmaciones sobre un supuesto impago de $1,200 millones al Estado panameño.
Aportes económicos y situación única
La empresa resalta que ha pagado $668 millones al Estado durante la vigencia de la concesión, «superando con creces las contribuciones de cualquier otro operador portuario en Panamá». Además, subraya que es la única empresa portuaria donde el Estado panameño tiene participación accionaria (10%), lo que le ha generado dividendos por $126 millones en los últimos 28 años.
El comunicado también menciona que la contribución total de PPC a la economía nacional supera los $5,900 millones, según datos de la Contraloría, considerando el valor agregado, efectos indirectos, pagos al Estado e inversiones realizadas.
Llamado a la seguridad jurídica
PPC finaliza su comunicado haciendo un llamado al respeto de la seguridad jurídica, señalando que esto «brinda a las empresas e inversionistas la certeza de que Panamá es un país seguro para invertir». Asimismo, solicita «coordinación respetuosa y consultas para proteger la concesión».
Esta respuesta llega en un momento delicado, días después de que el contralor general Anel Flores presentara resultados preliminares de una auditoría, que posteriormente motivó a la Procuraduría General a iniciar una investigación penal por posible comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del Estado panameño.
