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El viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, representando a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, participó en la segunda reunión ordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Este encuentro refuerza el compromiso del país en la lucha contra este delito, considerado una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
Un compromiso nacional para combatir la trata
Durante su intervención, Borrell destacó que la trata de personas afecta profundamente los derechos fundamentales y requiere un enfoque integral. «Panamá está firmemente comprometida en prevenir este delito, proteger a las víctimas y perseguir a los responsables», afirmó. El viceministro también subrayó que enfrentar este desafío demanda la colaboración activa de diversos sectores, por lo que desde el Ministerio de Gobierno se están fortaleciendo las capacidades institucionales para abordar esta problemática.
Agenda centrada en la prevención y la cooperación
La reunión, presidida por el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Juan Carlos Rodríguez, incluyó la presentación de los avances de la Secretaría Nacional contra la Trata de Personas, a cargo de Yilena Sandoval. Entre los temas discutidos destacaron:
- Actividades realizadas en 2024 para combatir la trata en Panamá.
- Participación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como País y Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina.
- Intervenciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que resaltaron la importancia de la cooperación internacional.
Una prioridad nacional
La Comisión Nacional contra la Trata de Personas reafirma el compromiso de Panamá con la prevención, protección y justicia, abordando las causas estructurales que facilitan este delito y asegurando la protección integral de las víctimas. La colaboración con organismos internacionales y ONGs es clave para fortalecer las estrategias de prevención y respuesta.
Con estas iniciativas, Panamá avanza en la consolidación de una política integral que promueva el respeto a los derechos humanos y refuerce su lucha contra la trata de personas en todas sus formas.
