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La Cinta Costera de la capital panameña fue escenario ayer de una concurrida manifestación ciudadana contra la minería metálica, justo cuando el gobierno de José Raúl Mulino se prepara para iniciar conversaciones con la empresa Cobre Panamá sobre el futuro de sus operaciones.
«Es una vigilia para la defensa del agua y una de las principales agresiones que vemos en nuestro país al agua es la minería», declaró Alibel Pizarro, vocera de los manifestantes, rechazando declaraciones previas del presidente Mulino que minimizaba la oposición ciudadana a la actividad minera.
La protesta fue convocada por varias organizaciones como «Panamá vale más sin minería», «Sal de las redes», «Adopta Bosques» y «Ya es ya», bajo el lema «Vigilia por nuestra agua, Panamá no es un país minero».
Gobierno inicia conversaciones mientras los manifestantes exigen respeto al fallo judicial
Mientras los ciudadanos protestaban, el presidente Mulino anunció que este lunes 24 de marzo sostendrá la primera reunión con su equipo de gobierno para abordar el estatus legal de Cobre Panamá, luego de que la empresa comunicara su disposición a suspender las demandas de arbitraje internacional interpuestas tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema en noviembre de 2023.
«A partir de este lunes tendremos la primera reunión para discutir algunas ideas que hemos venido esbozando con relación al tema mina», indicó el mandatario, señalando que el Ministerio de Comercio e Industrias, que anteriormente negoció el contrato, será uno de los principales participantes.
El gobierno ha establecido como condición previa para las conversaciones formales la notificación oficial de la suspensión de los arbitrajes internacionales por parte de la empresa minera.
Antecedentes del conflicto minero
La controversia comenzó cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad, el 28 de noviembre de 2023, la inconstitucionalidad de la Ley 406 que establecía el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals.
Tras 15 meses de cierre de operaciones, Mulino recientemente autorizó la salida del concentrado de cobre que permanecía almacenado en las bodegas de la empresa, en un gesto que algunos interpretan como un acercamiento previo a posibles negociaciones.
Los manifestantes, sin embargo, insisten en que se debe respetar el fallo de la Corte Suprema y rechazan cualquier intento de reactivar la minería metálica en el país, argumentando la protección de los recursos hídricos como principal preocupación.
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