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La reciente denuncia penal presentada por Sicarelle Holdings Inc. contra el periodista Mauricio Valenzuela y el medio digital FOCO ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad panameña, quienes lo perciben como un intento de silenciar a la prensa independiente y limitar la libertad de expresión en el país.
El abogado José María Castillo, en representación de Juan Carlos López López, propietario de Sicarelle Holdings Inc. hoy Smart Health, interpuso una querella penal por supuestos delitos de calumnia e injuria contra Valenzuela y FOCO, según informaron varios medios hoy.
Esta acción legal se enmarca en un contexto donde Sicarelle Holdings, (hoy Smart Health) ha estado bajo el escrutinio público debido a cuestionamientos sobre sus contratos con entidades estatales. Reportes indican que la empresa ha sido objeto de denuncias por posibles irregularidades en la prestación de servicios de limpieza y lavandería en hospitales públicos.
Mauricio Valenzuela y FOCO han sido reconocidos por su labor periodística enfocada en la investigación y denuncia de posibles actos de corrupción y malas prácticas en la administración pública. La querella presentada contra ellos es vista por algunos como una estrategia para amedrentar a los medios que cumplen con la función de fiscalizar y mantener informada a la ciudadanía.
La libertad de expresión y de prensa son pilares fundamentales en una democracia. El uso de acciones legales para intimidar o silenciar a periodistas y medios independientes representa una amenaza a estos principios y puede sentar precedentes peligrosos para el ejercicio del periodismo en Panamá.
Es esencial que las autoridades competentes garanticen un equilibrio entre el derecho a la honra y la reputación de las personas y el derecho de la sociedad a estar informada. La transparencia y el debate abierto son fundamentales para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
La comunidad periodística y la sociedad civil deben mantenerse vigilantes ante situaciones que puedan comprometer la libertad de prensa y expresión, asegurando que el ejercicio del periodismo investigativo no sea coartado por intereses particulares o presiones externas.
