Con la creación del TAFP se disminuirán los casos de apelaciones por temas laborales en la Defensoría del Pueblo

Con la creación del TAFP se disminuirán los casos de apelaciones por temas laborales en la Defensoría del Pueblo

Esta fue una de las reacciones del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien recibió la visita de los magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública, TAFP, Carlos Ayala Montero y Nelly E. González, quienes explicado a Leblanc todas las funciones y alcances del Tribunal.

Durante la visita, los magistrados Ayala y González hablaron de la creación del Tribunal, sobre la designación y nombramiento de los dos magistrados actuales, a la vez que indican que se espera del nombramiento del tercero, para completar la Sala de Acuerdos y, así, poder ampliar sus competencias en el manejo de las destituciones de funcionarios públicos permanentes en diferentes entidades gubernamentales.

El defensor manifestó su complacencia al conocer que el TAFP viene a ocupar un punto medio con su tarrea de resolver las apelaciones, en segunda instancia, de todas las acciones de recursos humanos contra funcionarios públicos permanentes, “con la creación del Tribunal, se despeja ese tipo de reclamaciones que llegan a la Defensoría, ya que el país carecía de este tipo de instituciones, que resguardan los derechos al trabajo de los funcionarios públicos”, destacó el Defensor Leblanc.

La reunión también sirvió para unir esfuerzos entre ambas instituciones para la creación de una serie de talleres de capacitación a diferentes funcionarios públicos, con el objetivo de que conozcan bien las funciones y alcances del TAFP y los términos que se manejan en los diferentes casos.

Sobre el Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Es un Tribunal independiente, especializado e imparcial, con jurisdicción en toda la República de Panamá. Tendrá competencia para conocer de las apelaciones contra acciones de recursos humanos dirigidas contra servidores públicos permanentes, pertenezcan o no a una de las carreras públicas reconocidas en la Constitución y la Ley.

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