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El contralor general de la República, Anel Flores, ha derogado los aumentos salariales aprobados por su antecesor, Gerardo Solís, tras determinar que estos fueron otorgados sin respaldo presupuestario, lo que representa una violación a la normativa fiscal del país.
Falta de sustento financiero en los aumentos
Desde su llegada a la Contraloría General de la República (CGR) el 2 de enero de 2025, Flores detectó que los incrementos salariales aprobados por Solís seis meses antes de dejar el cargo carecían de fondos para su ejecución.
Puntos clave del hallazgo:
- La nueva escala salarial estaba programada para entrar en vigor en la primera quincena de enero de 2025.
- Según la Ley 454 del 14 de noviembre de 2024, ninguna entidad puede autorizar gastos sin una partida asignada.
- La falta de respaldo presupuestario invalida la medida desde el punto de vista legal y administrativo.
Resolución sin validez legal
La Resolución 486-24-DNDRH, firmada el 23 de abril de 2024 por Solís y la entonces secretaria general Zenia Vásquez, establecía una política de aumento salarial por mérito para 4,003 funcionarios. Sin embargo, Flores determinó que:
- El reglamento nunca fue publicado en la Gaceta Oficial, por lo que no tiene validez jurídica.
- Solís también derogó el Manual de clasificación de cargos de gestión por competencias y políticas de sueldos, dejando a los funcionarios en un limbo administrativo.
- Estas medidas habrían sido utilizadas como una estrategia para asegurar la permanencia de su personal de confianza dentro de la CGR.
Intentos de destitución y medidas correctivas
Uno de los casos más notorios es el de Zenia Vásquez, quien continúa en su cargo pese a los intentos de Flores por removerla. Además, gran parte del personal reubicado por Solís en los últimos meses de su gestión sigue dentro de la Contraloría.
Ante este panorama, Flores ha encomendado a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la tarea de restablecer las condiciones salariales previas a la resolución de Solís, asegurando que cualquier ajuste futuro se realice dentro del marco legal y con respaldo financiero.
Con esta decisión, la Contraloría busca corregir lo que considera una mala gestión administrativa y presupuestaria, en un esfuerzo por reforzar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.
