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Resumen: El Ministerio Público de Panamá ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el patrimonio de Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), y 12 integrantes de su círculo familiar y cercano. Esta acción judicial, impulsada por el procurador general Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, busca rastrear propiedades, sociedades y fundaciones que podrían estar vinculadas a un posible manejo irregular de recursos públicos. La pesquisa se desarrolla en un contexto de alta presión política y administrativa, dado que Medianero de Bonagas ha liderado la institución durante 13 años, administrando cerca de 1,000 millones de dólares en presupuesto. La revisión registral incluye a hijos, hermanos y allegados, con el objetivo de determinar si existen vínculos patrimoniales injustificados con la gestión universitaria.
El Ministerio Público mantiene bajo investigación el patrimonio vinculado a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, y a un grupo de 12 familiares y allegados, como parte de una pesquisa por presuntos delitos contra la administración pública, según información publicada por La Prensa.
De acuerdo con el reporte, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, envió el 15 de mayo de 2025 una nota a la directora del Registro Público, Nairobia Escrucería, solicitando información sobre propiedades, sociedades y cualquier rastro patrimonial relacionado con la rectora y su círculo familiar más cercano.
La solicitud busca determinar si estas personas mantienen bienes inscritos a su nombre o si figuran dentro de sociedades, fundaciones, organizaciones o asociaciones sin fines de lucro como directivos, dignatarios, representantes legales, socios o suscriptores. El objetivo de la pesquisa sería reconstruir el mapa patrimonial y societario del entorno de la rectora.
Hijos, hermanos y allegados bajo revisión
Entre los nombres incluidos en la solicitud del procurador aparecen tres hijos de la rectora: Jessica Joanna, Ethel Mayte y Moisés Enrique Bonagas Medianero. También figuran Franklin, Edwin, Ramiro, Omaira, Javier, Genarina y Andrés Medianero Atencio, señalados como hermanos de Medianero de Bonagas.
La lista también incluye a José Roberto Checa Del Cid, identificado como yerno de la rectora, y a Miriam Milagro Colato Durán, señalada en el reporte como nuera de Medianero de Bonagas. Según La Prensa, Colato Durán ya había sido mencionada públicamente cuando la rectora la presentó como su supuesta “sobrina” de El Salvador durante una sustentación presupuestaria ante la Asamblea Nacional.
Propiedades y estructuras societarias
El informe periodístico señala que una revisión en el Registro Público permitió identificar vínculos entre varios de los nombres incluidos en la investigación y distintas fincas o sociedades en las que también aparece la rectora.
Medianero de Bonagas estaría relacionada directamente con al menos dos fincas inscritas en David y Boquete, provincia de Chiriquí. Además, aparece como fundadora de Bonagas Medianero Foundation, una fundación privada que, según el reporte, tendría entre sus objetivos preservar y aumentar el patrimonio de sus fundadores. Al menos tres fincas estarían registradas a nombre de esa fundación, en la que también figuran sus hijos.
La rectora también aparece como suscriptora de la sociedad Consejo Académico Educativo Cultural, Universidad Iberoamericana de Panamá, S.A., una universidad privada que opera en Chiriquí y que sería administrada por una de sus hijas.
El foco de la Procuraduría
La petición del Ministerio Público no se limitaría a bienes inmuebles. De acuerdo con la publicación, la Procuraduría también solicitó certificaciones sobre cargos de dignatarios, directores, socios y representantes legales, así como documentos registrales desde la incorporación de las sociedades hasta la fecha.
Otro punto relevante es la verificación relacionada con la Ley 18 de 2015, sobre certificados de acciones emitidas al portador. La intención sería conocer si las sociedades vinculadas a los investigados se acogieron al régimen de custodia, mecanismo diseñado para identificar beneficiarios reales de entidades jurídicas.
Un caso que aumenta la presión sobre la Unachi
La investigación se conoce en medio de crecientes cuestionamientos a la administración de Medianero de Bonagas, quien dirige la Unachi desde 2013. Según La Prensa, durante sus 13 años al frente de la universidad ha administrado un presupuesto cercano a los 1,000 millones de dólares, mientras que su salario, sumado a gastos de representación, ronda los 15 mil dólares mensuales.
El Ministerio Público también realizó recientemente diligencias en la sede de la Unachi, en el marco de otra investigación relacionada con promociones o aumentos otorgados a personal que habría presentado títulos académicos de universidades extranjeras no reconocidas en Panamá.
Investigación en desarrollo
Por ahora, el alcance de la investigación dependerá de la información que entreguen el Registro Público y otras instituciones consultadas por el Ministerio Público. La pesquisa busca establecer si los bienes, sociedades y vínculos familiares detectados guardan relación con un posible manejo irregular de recursos públicos o si corresponden a actividades patrimoniales lícitas.
El caso coloca nuevamente a la Unachi en el centro del debate público y abre una nueva etapa de escrutinio sobre la gestión de su rectora y el entorno familiar que la rodea.
Preguntas Frecuentes sobre Unachi
¿Por qué el Ministerio Público investiga a la rectora de la Unachi?
La investigación busca determinar la existencia de posibles delitos contra la administración pública. El Ministerio Público analiza si el patrimonio de la rectora y sus familiares tiene un origen lícito o si está relacionado con un manejo irregular de los fondos de la universidad.
¿Qué impacto tiene esta investigación en la autonomía universitaria?
Aunque la Unachi goza de autonomía, esta no exime a sus funcionarios de responder ante las autoridades judiciales por presuntos delitos contra el patrimonio del Estado. La investigación se centra en la gestión de recursos públicos, no en la libertad académica.
¿Qué es la Ley 18 de 2015 en el marco de esta pesquisa?
La Procuraduría está verificando si las sociedades vinculadas a los investigados cumplieron con el régimen de custodia de acciones al portador. Este mecanismo es vital para identificar quiénes son los beneficiarios reales detrás de las personas jurídicas investigadas.
