Hay cifras que explican mejor que cualquier discurso por qué los ciudadanos están cansados del tamaño del Estado. Panamá, con una población cercana a 4.2 millones de habitantes, mantiene 71 diputados. Costa Rica, con más población, funciona con 57 legisladores; El Salvador, con unos 6 millones de habitantes, redujo su Asamblea a 60 diputados.
Pero el verdadero escándalo aparece cuando abrimos la chequera.
La Asamblea Nacional de Panamá comenzó 2026 con $98.7 millones. Apenas siete meses después, ese presupuesto ya había sido modificado hasta alcanzar $146.42 millones, un aumento de $47.72 millones, casi 48.3% adicional. Y la presidenta del Legislativo ha planteado necesidades adicionales que podrían llevar el costo del órgano hasta aproximadamente $214 millones al cierre del año.
Comparemos.
Costa Rica destinó para su Asamblea Legislativa en 2026 alrededor de 49,542 millones de colones, unos $110 millones según la comparación publicada sobre los presupuestos regionales. El Salvador aprobó apenas $46.99 millones para su Legislativo.
Juntas, ambas legislaturas rondan los $157 millones.
Es decir: si Panamá termina acercándose a los $214 millones proyectados, un país con menos habitantes estaría gastando cerca de $57 millones más en su Asamblea que Costa Rica y El Salvador juntas.
Y hay otro dato incómodo: Panamá ya tiene más diputados que ambos países, pese a tener menos población.
Entonces la pregunta no debería ser solamente cuánto cuesta nuestra Asamblea.
La pregunta verdaderamente incómoda es:
¿Qué recibe Panamá a cambio?
Porque una democracia fuerte necesita representación. Pero representación no puede convertirse en sinónimo de burocracia ilimitada, planillas crecientes y presupuestos que comienzan con una cifra y terminan con otra.
Quizás la futura discusión constitucional deba comenzar precisamente allí:
¿Necesitamos 71 diputados… y necesitamos que nos cuesten tanto?
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