Giuseppe Cicatelli y Sandro Salsano: víctimas de un sistema que pretende convertir un negocio fallido en delito

En Panamá se está sentando un precedente que debería preocupar a empresarios, inversionistas y emprendedores: que un proyecto que no llegó a concretarse sea tratado como si necesariamente hubiese nacido de una intención criminal.

Ese es el centro del caso que hoy enfrenta a Giuseppe Cicatelli y Sandro Salsano con la Fiscalía Metropolitana, que los acusa de una presunta estafa agravada relacionada con un proyecto logístico en Pacora.

Pero una acusación no es una condena. Y que una inversión haya terminado mal no demuestra, por sí sola, que desde el inicio existiera un plan para engañar.

Lo que aparece en el expediente, según la información conocida, es una operación con finca identificada, sociedades constituidas, inversionistas, transferencias de dinero y un proyecto empresarial que pretendía desarrollarse. Que finalmente no avanzara puede responder a múltiples factores: permisos, financiamiento, obstáculos regulatorios, decisiones comerciales o simplemente a que el negocio no funcionó.

Perder dinero en una inversión no convierte automáticamente a sus promotores en estafadores.

Cicatelli y Salsano podrían estar enfrentando hoy las consecuencias de una peligrosa confusión entre riesgo empresarial y delito penal. Una acusación de esta naturaleza puede destruir reputaciones, patrimonios y trayectorias profesionales incluso antes de que exista una sentencia.

Aquí nadie plantea que la Fiscalía no investigue. Lo que corresponde exigir es equilibrio, proporcionalidad y una revisión completa de todos los documentos y actuaciones.

Panamá necesita atraer inversión, no generar temor entre quienes deciden apostar capital por nuevos proyectos.

Giuseppe Cicatelli y Sandro Salsano merecen ser juzgados por pruebas, no por el simple hecho de que una inversión haya fracasado. Porque un mal negocio puede terminar en pérdidas, pero eso no lo convierte automáticamente en un delito.