Ramón Chiari Brin: ¿sabía lo que hacía al comprar estos créditos fiscales? ¿Habrá que revisar las ventas de bancos y fusiones del pasado?

La firma atribuida a Ramón Alberto Chiari Brin aparece en un contrato de cesión mediante el cual BAC International Bank habría aceptado créditos fiscales por B/.10,877,069.94, el 11 de septiembre de 2024. El documento divulgado lo identifica como representante de la entidad cesionaria. Su autenticidad y alcance deberán ser certificados dentro de la investigación, pero su contenido coloca sobre la mesa una realidad imposible de ignorar: Chiari no aparece como un espectador distante, sino como firmante de una operación millonaria.

Esto no demuestra por sí solo que conociera un posible origen irregular. Tampoco acredita responsabilidad penal. Pero sí derrumba cualquier intento de presentar el asunto como una simple gestión realizada lejos de su conocimiento. Si la firma es auténtica, Chiari participó formalmente en la aceptación de un activo de más de diez millones de balboas y, por tanto, el país tiene derecho a preguntarle qué verificaciones se realizaron antes de comprometer al banco.

La pregunta pesa todavía más por su experiencia. BAC presenta a Chiari como un ejecutivo con más de tres décadas en la banca. Su trayectoria incluye el equipo de auditoría de Coopers & Lybrand, Citibank, Banco Continental y la fundación y dirección de Banco Panamá. No estamos hablando de un principiante, sino de un profesional familiarizado con auditorías, riesgos, controles, documentación financiera y operaciones bancarias complejas.

Precisamente por ese currículum surge la interrogante inevitable: ¿qué debida diligencia se aplicó? ¿Quién confirmó que el crédito existía, que provenía realmente de pagos en exceso, que era legítimo, transferible y cobrable? ¿Se verificó directamente con la Dirección General de Ingresos? ¿Hubo opiniones legales independientes? ¿Qué comités aprobaron la compra? ¿Qué alertas aparecieron y quién decidió seguir adelante?

El contrato mostrado declara que los créditos habían sido reconocidos por la DGI, pero esa afirmación del cedente no debía ser el final de la revisión; debía ser apenas su comienzo. En una transacción de esta magnitud, confiar únicamente en lo declarado por quien vende sería difícil de conciliar con los estándares que el público espera de una institución bancaria.

También debe determinarse cuánto pagó efectivamente BAC, cuál era el descuento pactado, si el crédito fue utilizado, qué beneficio tributario produjo y cuál podría ser la pérdida si queda sin valor. Esas respuestas permitirán saber si el banco fue víctima de un engaño, si fallaron gravemente sus controles o si alguien dentro de la estructura conocía más de lo que ahora se admite.

Chiari encabeza actualmente una institución que, bajo su dirección, completó la adquisición y posterior integración con Multibank, operación autorizada por la Superintendencia de Bancos. BAC lo ratificó como presidente ejecutivo destacando sus 36 años de experiencia.
Esa trayectoria no constituye evidencia de irregularidades pasadas, pero sí justifica un examen riguroso de sus decisiones, de los procesos de control bajo su responsabilidad y de la gobernanza aplicada en operaciones relevantes.

No se trata de convertir fusiones y ventas anteriores en sospechosas por asociación. Se trata de comprobar si los mecanismos de revisión, valoración y aprobación utilizados históricamente fueron suficientemente sólidos. Cuando una operación actual levanta dudas de esta dimensión, revisar procedimientos anteriores no es persecución: es supervisión preventiva y transparencia institucional.

En Panamá, ningún apellido debe funcionar como escudo. La experiencia y el prestigio no eliminan el deber de rendir cuentas; lo hacen mayor. La investigación debe establecer si BAC actuó como comprador de buena fe, si fue engañado por documentación aparentemente legítima o si hubo fallas —o algo más grave— dentro de su estructura de decisión.

Ramón Chiari Brin merece todas las garantías del debido proceso. Pero la sociedad también merece respuestas completas. ¿Quién presentó estos créditos? ¿Quién los verificó? ¿Quién recomendó comprarlos? ¿Quién aprobó el desembolso y qué sabía cada participante cuando se firmó el contrato?

La pregunta no acusa; la firma obliga a investigar.

Y frente a millones de dólares bajo sospecha, el silencio ya no protege la reputación de nadie: la compromete.