Héctor Brands y la casa por cárcel: una nueva burla contra el pueblo panameño

El caso de Héctor Brands, exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes, vuelve a sacudir la conciencia nacional. Ahora, en medio de las investigaciones que enfrenta por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, su defensa busca que se le cambie la medida cautelar para obtener casa por cárcel.

La solicitud ha provocado indignación ciudadana, porque para muchos panameños representa otro intento de convertir la justicia en un traje hecho a la medida para quienes alguna vez tuvieron poder político, manejo de presupuesto y acceso privilegiado al Estado.

Brands, quien estuvo al frente de Pandeportes durante el gobierno anterior, no es una figura menor dentro de este proceso. Su nombre ha estado vinculado al debate público por el presunto incremento injustificado de su patrimonio, por cuestionamientos sobre bienes y movimientos financieros, y por investigaciones relacionadas con el posible uso irregular de recursos.

A esto se suma el escándalo por el aumento en el costo del nuevo estadio Roberto Mariano Bula de Colón, obra que, según se ha señalado públicamente, pasó de un costo original aproximado de 15.9 millones de dólares a una cifra cercana a los 33.7 millones de dólares. Ese salto millonario encendió las alarmas sobre adendas, sobrecostos y decisiones administrativas que hoy deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias.

El propio presidente José Raúl Mulino pidió que la información relacionada con este proyecto fuera remitida al Ministerio Público, para que se iniciara la investigación de rigor. No se trata de un asunto menor. Estamos hablando de millones de dólares que debían estar al servicio del deporte, de los atletas, de la juventud y de las comunidades, no de intereses particulares ni de redes de poder.

Por eso, la intención de cambiar una medida cautelar por casa por cárcel cae como una bofetada sobre el rostro del pueblo panameño. Mientras miles de ciudadanos comunes enfrentan procesos judiciales sin privilegios, sin influencias y sin trato especial, algunos exfuncionarios parecen creer que la justicia puede suavizarse cuando les toca responder.

Nadie está por encima del debido proceso. Héctor Brands tiene derecho a defenderse, como cualquier ciudadano. Pero Panamá también tiene derecho a exigir que los casos de alto perfil, especialmente aquellos relacionados con presunta corrupción y manejo de fondos públicos, no terminen diluidos entre excusas, tecnicismos y beneficios que la gente interpreta como privilegios.

Si existen condiciones médicas reales, deben ser evaluadas con seriedad por las autoridades competentes. Pero el país no puede aceptar que la salud se convierta en una puerta giratoria para evitar el peso de la justicia. La cárcel no puede ser dura para el pobre y negociable para el poderoso.

El caso Brands es una prueba para el sistema judicial panameño. Es una prueba para el Ministerio Público, para los jueces y para todo el aparato institucional encargado de demostrar que en Panamá la justicia no depende del apellido, del partido político, del cargo ocupado ni de los contactos acumulados durante años de poder.

El deporte panameño necesita respuestas. Los atletas necesitan respuestas. Las comunidades que esperaban obras dignas necesitan respuestas. Y el pueblo, que paga con sus impuestos cada contrato, cada adenda y cada sobrecosto, necesita saber si hubo o no responsables detrás de estas decisiones.

La pregunta que muchos panameños se hacen hoy es directa:
¿Casa por cárcel para un exfuncionario investigado por presuntos delitos graves, mientras el pueblo sigue pagando las consecuencias de la corrupción?

Esa posibilidad resulta ofensiva para una ciudadanía cansada de ver cómo los mismos de siempre terminan buscando salidas cómodas cuando la justicia finalmente toca su puerta.

Panamá no necesita más privilegios disfrazados de medidas cautelares. Panamá necesita procesos firmes, investigaciones profundas y decisiones ejemplares. Porque cuando se toca el dinero público, se toca el bolsillo de todos. Cuando se traiciona la confianza ciudadana, se golpea la dignidad del país. Y cuando un exfuncionario señalado pretende pasar de la detención a la comodidad de su casa, el pueblo siente que nuevamente quieren burlarse de su paciencia.

La justicia panameña tiene hoy una oportunidad histórica: demostrar que la impunidad no seguirá siendo la regla, que los cargos públicos no son licencia para enriquecerse y que quienes administraron recursos del Estado deben responder con claridad, sin privilegios y sin atajos.

Porque Panamá ya no aguanta más burlas.