Zenia Vásquez, la socia de Odila Castillo, recibe casa por cárcel; y a un mortal por iguanas le cae todo el peso de la ley

Panamá vuelve a mirar con asombro ese espejo incómodo donde la justicia parece tener dos rostros: uno suave, elegante y cuidadoso cuando se trata de figuras vinculadas al poder; y otro duro, implacable y ejemplarizante cuando se trata del ciudadano común.

Zenia Vásquez de Palacios, exsecretaria general de la Contraloría General de la República durante la administración de Gerardo Solís, fue imputada por presunto enriquecimiento injustificado. Según lo conocido públicamente, la investigación gira alrededor de un incremento patrimonial no justificado que supera los 700 mil dólares. Sin embargo, la medida cautelar impuesta fue casa por cárcel e impedimento de salida del país.

La pregunta que se hace el ciudadano de a pie es inevitable: ¿esa es la misma justicia que se aplica al panameño común?

Porque en este país hemos visto casos donde personas sin apellido pesado, sin conexiones políticas y sin oficina alfombrada reciben el golpe completo del sistema judicial por delitos menores, ambientales o de subsistencia. Recordemos el caso de un ciudadano condenado por cazar iguanas protegidas. Allí no hubo contemplaciones mediáticas ni grandes explicaciones institucionales: se aplicó la ley con dureza, con rapidez y con todo el peso del ejemplo.

Y nadie está defendiendo la caza ilegal de especies protegidas. La ley ambiental debe respetarse. La vida silvestre debe protegerse. Pero el contraste indigna cuando se compara la severidad con la que se castiga al débil frente a la prudencia con la que se trata al poderoso.

Aquí no se está hablando de una simple funcionaria de escritorio. Zenia Vásquez ocupó un cargo clave en la Contraloría, una institución llamada precisamente a vigilar el buen uso de los recursos públicos. Además, ha sido señalada por sus vínculos profesionales con Odila Castillo, exasesora de Gerardo Solís, figura también mencionada en investigaciones relacionadas con presuntas gestiones irregulares en torno a contratistas del Estado.

Entonces, cuando una persona investigada por presunto enriquecimiento injustificado recibe casa por cárcel, mientras al ciudadano común se le aplica una justicia mucho más severa por faltas de menor escala económica, el mensaje social es devastador.

El problema no es solo jurídico. Es moral.

Porque un país no se rompe únicamente cuando se roban los recursos públicos. Un país también se rompe cuando la gente deja de creer que la justicia es igual para todos.

La justicia panameña tiene una deuda enorme con la ciudadanía: demostrar que no hay intocables, que el poder no compra suavidad procesal y que las medidas cautelares no dependen del apellido, del cargo ocupado o de los vínculos políticos.

Zenia Vásquez, como toda persona investigada, tiene derecho a la presunción de inocencia. Eso debe respetarse. Pero el país también tiene derecho a exigir explicaciones, transparencia y coherencia. Porque cuando se habla de cientos de miles de dólares presuntamente no justificados, la indignación ciudadana no puede ser tratada como exageración.

El panameño común está cansado de ver cómo los casos grandes se enredan, se dilatan, se tecnifican y terminan en medidas cómodas, mientras los casos pequeños se resuelven con una velocidad sorprendente.

Casa por cárcel para unos. Todo el peso de la ley para otros.

Ese es el verdadero debate.

No se trata de pedir venganza. Se trata de exigir justicia. Una justicia que no mida con regla de oro a los cercanos al poder y con regla de hierro al ciudadano común. Una justicia que no sea selectiva. Una justicia que no parezca diseñada para castigar la pobreza y administrar con delicadeza los escándalos de cuello blanco.

Panamá necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Y esa confianza no se recupera con comunicados, audiencias reservadas ni discursos técnicos. Se recupera con decisiones firmes, procesos transparentes y resultados concretos.

Porque mientras el pueblo sienta que por iguanas cae la ley completa, pero por presunto enriquecimiento injustificado hay casa por cárcel, la percepción seguirá siendo la misma: en Panamá, la justicia todavía parece tener precio y apellido.