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Por años, el distrito de Colón ha enfrentado enormes desafíos en materia de limpieza, recolección de desechos y salud pública. Por eso llama la atención la controversia que hoy rodea la discusión sobre la posible prórroga del contrato de recolección de basura y el papel que está jugando el alcalde Diógenes Galván frente a las facultades legales del Consejo Municipal.
La Constitución Política de Panamá y la Ley 106 de 1973 son claras: corresponde al Consejo Municipal analizar, debatir y decidir sobre las contrataciones y concesiones de servicios municipales. Se trata de una atribución exclusiva de los representantes electos por el pueblo colonense y no de una facultad unilateral del alcalde.
Sin embargo, en las últimas semanas hemos observado una creciente presión política alrededor de este proceso. Lejos de permitir que el Consejo Municipal ejerza libremente sus funciones, se han producido declaraciones y señalamientos públicos que parecen buscar desacreditar las deliberaciones de los concejales.
Resulta preocupante que se pretenda presentar como irregulares reuniones que, por definición legal, forman parte del trabajo institucional del Consejo Municipal. Los concejales tienen el deber de reunirse, analizar documentación, escuchar a las partes involucradas y tomar decisiones fundamentadas en beneficio del distrito.
La verdadera pregunta que hoy se hacen muchos colonenses es sencilla: ¿por qué existe tanto interés en impedir o dificultar que el actual concesionario continúe prestando el servicio?
Si una empresa ha cumplido con sus obligaciones, ha realizado inversiones y ha mantenido la prestación del servicio en condiciones aceptables para la población, corresponde que cualquier decisión sobre su continuidad se base en criterios técnicos, legales y financieros, no en intereses políticos o económicos ocultos.
Los ciudadanos tienen derecho a saber si detrás de esta disputa existen grupos empresariales que buscan quedarse con un negocio multimillonario utilizando la influencia política como mecanismo de presión. También tienen derecho a exigir transparencia absoluta sobre cualquier vínculo entre futuros contratistas, financistas de campañas políticas y autoridades municipales.
La discusión no debe centrarse en quién controla el negocio de la basura, sino en quién garantiza el mejor servicio para los colonenses. Cuando la política intenta imponerse sobre los criterios técnicos y legales, el riesgo es que los verdaderos perjudicados sean los ciudadanos que dependen de una recolección eficiente y permanente.
Hoy más que nunca, corresponde al Consejo Municipal actuar con independencia, respetar el debido proceso y tomar una decisión basada en los intereses de Colón y no en las presiones de ningún sector.
La democracia municipal se fortalece cuando las instituciones cumplen su papel y se debilita cuando se intenta sustituir el debate legal por la presión política. Los colonenses merecen respuestas claras, transparencia total y la certeza de que las decisiones sobre los servicios públicos se toman pensando en la comunidad y no en intereses particulares.
