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La modernización del Sistema Penitenciario puede ser positiva. Eliminar efectivo, controlar las compras y facilitarle la vida a las familias parece una buena decisión. Pero TiendaPenitenciaria.com abre una pregunta demasiado importante para ignorarla: ¿quién está realmente detrás del negocio?
El propio Ministerio de Gobierno reconoce que el servicio comenzó utilizando “un contrato vigente con un proveedor que ya cuenta con la plataforma”, mientras se preparan los pliegos para un posterior acto público. Sin embargo, en la información oficial consultada no aparece claramente identificado ese proveedor, sus accionistas ni los beneficiarios finales del negocio.
Y aquí el asunto deja de ser solamente comercial.
TiendaPenitenciaria.com registra y valida la identidad del comprador, relaciona su cuenta con familiares privados de libertad, administra pedidos y permite pagos. Es decir, estamos frente a información personal de miles de panameños y sus familias. Panamá tiene una Ley de Protección de Datos que exige seguridad, transparencia y garantías suficientes cuando terceros custodian bases de datos.
Por eso hay que despejar inmediatamente los rumores que circulan sobre antiguos operadores de las llamadas “tienditas” físicas y sobre un supuesto empresario cubano con presuntos vínculos económicos con Cuba y hasta con GAESA.
No encontramos hasta ahora documentos públicos que demuestren esa conexión. Y precisamente por la gravedad del señalamiento, no corresponde convertirlo en hecho: corresponde investigarlo.
GAESA no es cualquier nombre. El Departamento del Tesoro estadounidense lo ha identificado como un conglomerado empresarial controlado por militares cubanos y ha documentado incluso subsidiarias incorporadas en Panamá.
Entonces las preguntas son inevitables:
¿Quién es el proveedor? ¿Quiénes son sus verdaderos dueños? ¿Qué due diligence realizó el Estado? ¿Quién custodia la data? ¿Dónde están alojados los servidores? ¿Quién procesa los pagos?
La plataforma podrá ser buena.
La oscuridad alrededor de quien la opera, no.
Panamá merece respuestas antes de que los rumores terminen ocupando el espacio que debería llenar la transparencia.
