Las contrataciones directas del Ministerio de Obras Públicas vuelven a colocarse bajo escrutinio público, luego de que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, cuestionara el uso recurrente de procedimientos excepcionales y advirtiera sobre los riesgos que pueden generar para la libre competencia, la transparencia y la protección del patrimonio estatal. Dentro de ese escenario aparece Bagatrac, S.A., una de las empresas señaladas por La Estrella de Panamá entre las compañías que concentran importantes adjudicaciones del MOP. ([www.laestrella.com.pa][1])
La investigación periodística determinó que, entre julio de 2024 y el 4 de junio de 2026, el MOP adjudicó aproximadamente $363 millones mediante procedimientos directos, superando en apenas 23 meses los cerca de $225 millones contratados por esta modalidad durante todo el quinquenio anterior. Libertad Ciudadana sostiene que la utilización sistemática de estos mecanismos puede terminar convirtiendo una excepción legal en una práctica ordinaria. ([www.laestrella.com.pa][2])
En el caso específico de Bagatrac, La Estrella de Panamá contabilizó 14 contratos por aproximadamente $43 millones, de los cuales 11 habrían sido adjudicados directamente bajo la figura de emergencia ambiental. La empresa forma parte además del grupo de ocho contratistas que, según el análisis periodístico de los actos disponibles en Panamá Compra, concentra más del 64% del monto contratado por el MOP durante el período estudiado. ([www.laestrella.com.pa][3])
El nombre de Bagatrac añade otro elemento al debate. La compañía figura entre las empresas que alcanzaron acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción tras reconocer pagos ilegales relacionados con el denominado caso Blue Apple, investigación vinculada a pagos efectuados a cambio de agilizar trámites asociados a contratos estatales durante administraciones anteriores. ([www.laestrella.com.pa][4])
Libertad Ciudadana también ha advertido que la falta de suficiente información sobre los beneficiarios finales de determinadas sociedades contratistas dificulta detectar potenciales conflictos de interés y fiscalizar adecuadamente la concentración de recursos públicos. Su cuestionamiento es al modelo de contratación en general; no señaló individualmente a Bagatrac en su pronunciamiento, pero los datos publicados por La Estrella colocan a la empresa dentro del grupo de contratistas que queda bajo escrutinio en esta discusión. ([www.laestrella.com.pa][1])
Por su parte, el MOP ha defendido estas contrataciones, señalando que trabaja con más de 30 empresas, que los procedimientos cumplen la normativa y que la contratación directa ha permitido acelerar la recuperación de una red vial que, según la institución, requería intervenciones urgentes. El ministro José Luis Andrade también ha sostenido anteriormente que estos procesos se realizan siguiendo los procedimientos establecidos por la ley. ([www.laestrella.com.pa][3])
La discusión queda planteada: ¿la contratación directa continúa siendo una herramienta excepcional para resolver urgencias o se está convirtiendo en la forma habitual de adjudicar millones de dólares en obras públicas? En el caso de Bagatrac, los antecedentes y el volumen de adjudicaciones hacen que esa pregunta cobre especial relevancia.
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