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PNN INVESTIGACIÓN | PRIMERA ENTREGA
Una investigación de Panamá Noticias Network (PNN) comienza a reconstruir el millonario negocio del alquiler de vehículos al Estado panameño entre 2019 y 2024, período correspondiente a la administración del expresidente Laurentino Cortizo.
En esta primera entrega, la lupa se coloca sobre Inter Marketing Inc., razón social bajo la cual opera Thrifty Car Rental Panamá, cuyo representante legal registrado es el empresario Eduardo Bolívar Márquez Salerno. Panamá Emprende confirma tanto la razón social como su representación legal.
La relación empresarial va mucho más allá de Thrifty. Hertz Panamá opera mediante Empresa de Alquileres de Automóviles, S.A., sociedad que también registra a Márquez Salerno como representante legal. Además, los propios términos contractuales de Hertz señalan que, aunque Empresa de Alquileres de Automóviles, S.A. figura como arrendadora, los vehículos alquilados pertenecen a Inter Marketing Inc., mientras Car Rental Services, S.A. presta el servicio de conductores.
Los registros revisados por PNN muestran que Inter Marketing aparece repetidamente contratando con instituciones públicas durante el quinquenio 2019-2024.
Uno de los casos más importantes se produjo en el Ministerio de la Presidencia. En 2021, Inter Marketing recibió una adjudicación de B/.797,261.28 por el alquiler de 38 vehículos sedán durante dos años. Esa contratación formaba parte de una licitación mucho mayor para una flota de 251 vehículos del Ministerio de la Presidencia.
La empresa también estuvo presente en la Asamblea Nacional. En 2021 se prorrogó con Thrifty/Inter Marketing el alquiler de 12 camionetas por B/.297,499.92, contrato destinado a vehículos utilizados por la directiva legislativa.
PNN ha identificado además operaciones relacionadas con Presidencia, Asamblea, Contraloría, Superintendencia de Seguros, Defensoría del Pueblo y otras instituciones. En 2024, por ejemplo, la Contraloría adjudicó conjuntamente a Inter Marketing Inc. y Panama Car Rental, S.A. el alquiler de vehículos para el VIII Censo Nacional Agropecuario.
¿POR QUÉ INVESTIGARLO AHORA?
La pregunta adquiere nueva importancia en 2026.
Una circular conjunta de la Contraloría General y el Ministerio de Economía y Finanzas, emitida el 8 de septiembre, suspendió la compra de vehículos nuevos para el sector público. Cuando una institución tenga una necesidad operativa podrá recurrir al alquiler bajo determinadas condiciones y dentro del período fiscal correspondiente.
Es decir: si el alquiler de autos puede convertirse ahora en una alternativa mucho más utilizada por las instituciones, resulta indispensable conocer quiénes dominaron ese negocio anteriormente, cuánto recibieron, qué instituciones contrataron y mediante qué procedimientos.
Y allí comienza esta investigación.
El universo preliminar levantado por PNN entre las principales compañías arrendadoras supera los B/.11 millones entre 2019 y 2024, pero esa cifra incluye compañías diferentes y no debe adjudicarse íntegramente a Márquez Salerno.
PNN publicará institución por institución, contrato por contrato y año por año.
Porque cuando el Estado deja de comprar carros y abre la puerta al alquiler, la lupa debe colocarse sobre quién alquila, cuánto cobra y cuánto dinero público puede terminar concentrándose en pocas manos.
Esta es apenas la primera entrega.
