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Los créditos fiscales y el mayor examen al sistema bancario panameño en los últimos años
El escándalo de los créditos fiscales ha dejado de ser únicamente un caso de corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI). Hoy también abre una discusión mucho más profunda: ¿qué papel jugaron las entidades financieras que compraron millones de dólares en créditos fiscales posteriormente cuestionados por las autoridades?
La llamada Operación Pandora ha puesto bajo investigación un esquema que, según las autoridades, habría operado durante varios años, utilizando debilidades en los controles internos del sistema tributario para generar créditos fiscales irregulares. El propio Ministerio de Economía y Finanzas ha reconocido que el esquema logró evadir controles durante años y ha ordenado congelar los créditos bajo sospecha, separar funcionarios y realizar auditorías integrales.
Pero la pregunta que hoy comienza a tomar fuerza no apunta únicamente hacia el Estado.
También mira hacia los bancos.
La debida diligencia no es un trámite; es una obligación
Toda institución bancaria en Panamá está obligada a aplicar procesos de conocimiento del cliente, análisis de riesgo y verificación documental antes de participar en operaciones millonarias.
Precisamente por ello, uno de los elementos más llamativos de la presentación analizada es la serie de interrogantes sobre si determinadas señales de alerta («red flags») debieron haber activado controles adicionales antes de adquirir créditos fiscales por montos multimillonarios.
Entre esas interrogantes destacan:
- sociedades sin Aviso de Operación;
- empresas de reciente creación manejando créditos millonarios;
- cartas explicativas que no sustituyen contratos legales;
- ausencia aparente de resoluciones administrativas que respaldaran determinadas cesiones;
- dependencia de documentos emitidos por terceros sin una validación independiente.
La presentación no afirma responsabilidades penales, sino que plantea preguntas desde la óptica del cumplimiento normativo y la debida diligencia, invitando a evaluar si los controles aplicados fueron suficientes.
Comprar de buena fe también exige verificar
Una de las defensas públicas conocidas hasta el momento ha sido que los créditos fueron adquiridos «de buena fe» y que se siguieron los procedimientos correspondientes.
Sin embargo, en materia de cumplimiento financiero internacional, la buena fe por sí sola no reemplaza la obligación de verificar.
Los estándares modernos de prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos obligan a las entidades financieras a entender el origen de los activos, la naturaleza económica de la operación y la coherencia entre el perfil del cliente y la transacción realizada.
Si una empresa recién constituida, sin actividad comercial visible o sin trayectoria financiera relevante participa en operaciones por decenas de millones de dólares, esa circunstancia normalmente constituye un factor que merece un análisis reforzado.
Precisamente por ello, uno de los grandes debates que deja este caso será determinar si los mecanismos de control fueron suficientes o si existieron fallas que permitieron que operaciones de alto riesgo avanzaran sin un escrutinio adecuado.
¿Desde cuándo ocurre este fenómeno?
De acuerdo con las declaraciones oficiales del MEF, el esquema investigado no sería reciente, sino que habría comenzado hace varios años y logró evadir los controles heredados hasta ser detectado durante la actual investigación.
Asimismo, las investigaciones penales conocidas indican que las pesquisas comenzaron en 2025 sobre operaciones que habrían ocurrido con anterioridad.
Eso significa que la discusión no debe limitarse únicamente a identificar responsables individuales.
También obliga a revisar si los mecanismos de control institucional —tanto públicos como privados— fueron capaces de detectar operaciones inusuales de manera oportuna.
Un debate que apenas comienza
La gran lección que deja este caso es que un sistema tributario seguro depende tanto del Estado como del sistema financiero.
Cuando existen operaciones millonarias sustentadas en créditos fiscales, la fortaleza institucional no descansa únicamente en la DGI.
También depende de que quienes participan en esas operaciones ejerzan una verificación independiente, rigurosa y documentada.
Corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar si existieron responsabilidades civiles, administrativas o penales. Mientras tanto, el país enfrenta una discusión necesaria: si los controles existían, ¿se aplicaron correctamente? Y si no se aplicaron, ¿por qué?
El caso de los créditos fiscales podría convertirse no solo en el mayor escándalo tributario reciente de Panamá, sino también en un punto de inflexión para replantear los estándares de cumplimiento y debida diligencia dentro del sistema financiero nacional.
