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Hay situaciones que pueden ser legales, pero que inevitablemente obligan a preguntarnos si son moralmente aceptables.
Bagatrac, S.A., presidida por Alberto Jurado, vuelve a estar en el centro del debate público por la cantidad de obras que continúa manejando con el Ministerio de Obras Públicas, particularmente en Chiriquí.
Solo durante 2025, Bagatrac acumuló 14 contratos con el MOP por aproximadamente 42.8 millones de dólares. De ese monto, alrededor de 8.9 millones fueron adjudicados directamente, utilizando la figura de emergencia ambiental.
No estamos hablando de rumores.
Estamos hablando de millones de dólares en contratos públicos.
Entre las contrataciones directas se han identificado intervenciones en Alto Los Tribaldos, Alto Bambito, Las Nubes, Cadena de Frío, Los Laras, El Desierto y otros sectores de Chiriquí. Una de las principales, en el área del río Chiriquí Viejo, superó los 4.7 millones de dólares y se extendió hasta mayo de 2026.
Y además están las licitaciones competitivas.
Bagatrac obtuvo, por ejemplo, la obra de La Nobleza–Playa La Barqueta, con una propuesta cercana a los 8.8 millones de dólares. También ha seguido participando durante este período en importantes procesos del MOP en Chiriquí.
Que una empresa participe en una licitación y gane conforme a la ley no constituye por sí mismo ninguna irregularidad.
Pero aquí aparece la pregunta que el país tiene derecho a hacer:
¿No debería existir un estándar ético mucho más alto cuando se trata de una compañía cuyo presidente admitió ante el Ministerio Público haber realizado pagos de coimas en el pasado?
Alberto Jurado reconoció en el caso Blue Apple pagos por aproximadamente 3 millones de dólares. El Ministerio Público documentó que empresas contratistas, entre ellas Bagatrac, realizaron pagos dentro de un esquema en el que se exigían porcentajes vinculados a contratos del MOP. Jurado posteriormente suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía.
Ese pasado existe.
No se puede borrar simplemente porque hayan pasado los años.
La justicia determinará siempre las responsabilidades jurídicas que correspondan, pero la ética pública va mucho más allá de una sentencia.
Y por eso sorprende que una empresa con semejante antecedente continúe apareciendo con tanta frecuencia alrededor de las grandes obras del MOP.
Entre 2021 y 2023, Bagatrac ya había acumulado más de 210 millones de dólares en contratos del Ministerio. En 2025 llegaron otros 42.8 millones.
Entonces la pregunta no es solamente si cada contrato cumple formalmente la ley.
La pregunta es:
¿Por qué siempre los mismos?
¿Por qué una empresa que admitió haber participado en un esquema de pagos indebidos continúa disfrutando de semejante presencia dentro de la contratación pública?
El ministro del MOP tiene la obligación no solamente de administrar carreteras y contratos.
También debe proteger la credibilidad de la institución.
Porque gobernar con transparencia significa entender que no todo lo legal necesariamente resulta moralmente conveniente para el Estado.
Panamá necesita obras.
Chiriquí necesita carreteras.
Pero también necesitamos recuperar la confianza.
Y mientras millones de dólares continúen cayendo una y otra vez alrededor de los mismos nombres, alguien tendrá que explicar por qué Bagatrac y Alberto Jurado parecen seguir siendo los consentidos del MOP en Chiriquí.
Porque los contratos públicos pueden tener memoria corta.
Pero el país no debería tenerla.
