Descentralización bajo la lupa: más de 150 imputados y millones que todavía deben explicarse

Las investigaciones sobre el manejo de los fondos de la descentralización durante el gobierno de Laurentino Cortizo siguen destapando una trama que podría estar lejos de conocerse por completo.

El trabajo conjunto de auditoría de la Contraloría General de la República y las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ya dejan 151 personas imputadas y una lesión patrimonial que supera los $51 millones, según el balance divulgado este 19 de agosto. En entrevista, la fiscal superior anticorrupción Digna Castillo situó la afectación alrededor de los $53 millones.

Y todavía faltan casos por revisar.

Las investigaciones se concentran principalmente en dos programas administrados por la Autoridad Nacional de Descentralización: el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) y el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM).

Solo alrededor del PDIS se han presentado 335 denuncias. La Fiscalía ha recibido hasta ahora 80 informes de auditoría de la Contraloría, de los cuales 48 establecieron lesión patrimonial. Esos expedientes representan más de $44 millones y mantienen a 118 personas imputadas. Otras cuatro auditorías están pendientes de ampliaciones.

Uno de los hallazgos más alarmantes descritos por Castillo es el denominado esquema de “cashback”.

Personas aparecían supuestamente contratadas por juntas comunales para prestar servicios profesionales por pagos que podían rondar los $2,000 mensuales o quincenales. Según la línea de investigación de la Fiscalía, algunas no realizaban esos trabajos: cobraban el cheque, devolvían presuntamente hasta el 80% a la autoridad local y se quedaban con aproximadamente un 20%.

También se investigan comercios que presuntamente inflaban facturas de materiales, alimentos u otros productos y posteriormente devolvían parte del dinero recibido a funcionarios locales.

Las cifras de algunas juntas comunales son especialmente impactantes.

De acuerdo con las auditorías, cinco juntas concentran unos $27 millones en posible lesión patrimonial: Belisario Porras, con aproximadamente $8 millones; Barrio Norte, $6 millones; Amelia Denis de Icaza, $5 millones; Salud, $4 millones; y David Cabecera, otros $4 millones.

En Belisario Porras, el Ministerio Público ya había informado que una auditoría detectó más de $7.3 millones en pagos por servicios sin evidencia que sustentara su prestación, dentro de desembolsos investigados superiores a $8 millones.

Lo más preocupante es que esto aún no termina.

Hay investigaciones abiertas, ampliaciones de auditorías pendientes y expedientes que apenas comienzan a entrar en etapas judiciales más avanzadas. Once carpetas ya se encuentran en fase intermedia y alrededor del 80% de estos procesos ha sido declarado causa compleja.

Después de años en los que millones destinados a comunidades vulnerables circularon con controles deficientes, Panamá comienza a conocer cómo presuntamente funcionaba parte del mecanismo.

Ahora falta la parte indispensable: que las investigaciones lleguen hasta el final, que quienes resulten responsables respondan ante la justicia y, sobre todo, que el dinero del pueblo regrese al pueblo.

Porque si más de $50 millones ya aparecen bajo investigación, la pregunta inevitable es:

¿Cuánto falta todavía por descubrir?