La empresa panameña Sicarelle Holdings, vinculada a millonarios contratos estatales durante la pandemia y señalada por presuntas irregularidades, intenta reestructurar su imagen bajo el nuevo nombre Smarth Health. Este movimiento ocurre días después de que la exdiputada Zulay Rodríguez presentara una denuncia formal ante la Asamblea Nacional, acusando a la compañía de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Vinculaciones políticas y contratos cuestionados
Sicarelle Holdings, especializada en servicios de limpieza y lavandería para hospitales públicos, acumuló contratos por más de $50 millones entre 2011 y 2024, según registros de Panamá Compra2. Durante la pandemia, recibió pagos de hasta $7.74 por habitación en hoteles hospitales, aunque investigaciones periodísticas revelaron el uso de recursos estatales (agua, luz e instalaciones) para cumplir sus obligaciones.
La denuncia de Rodríguez y el abogado Alejandro Pérez destapa una red de conexiones:
- Nadia Del Río, exasistente del expresidente Laurentino Cortizo, habría facilitado adjudicaciones irregulares. Su pareja, Juan Carlos Soto, es primo de Juan Carlos López, tesorero de Sicarelle y esposo de la magistrada presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López Arias.
- La empresa también obtuvo contratos con la CSJ, presuntamente avalados por López Arias.
Operación bajo la lupa
En 2020, una investigación de La Prensa expuso que Sicarelle incumplía protocolos sanitarios en hospitales como el Aquilino Tejeira (Coclé) y el San Miguel Arcángel (Panamá), usando batas reutilizadas y limitando equipos de protección para trabajadores. Pese a esto, el Ministerio de Salud declaró en su momento que no encontró “anomalías importantes”.
Ahora, la denuncia de 2025 alega 32 pruebas que vinculan a la empresa con:
- Blanqueo de capitales.
- Persecución política mediante procesos judiciales falsos.
- Enriquecimiento injustificado de funcionarios.
¿Un nuevo nombre, viejas prácticas?
El rebautizo como Smarth Health coincide con el inicio de una investigación legislativa impulsada por la Comisión de Credenciales de la Asamblea. Aunque el Minsa rescindió parte de sus contratos, fuentes confirman que la empresa aún mantiene operaciones activas2.Mientras la magistrada López Arias enfrenta presiones para renunciar, Nadia Del Río insiste en su inocencia: “No soy millonaria […] no tengo relación con Sicarelle”, declaró en enero de 2025, pese a evidencias que la vinculan indirectamente.
Este caso refleja los desafíos de transparencia en las contrataciones públicas y subraya la urgencia de fortalecer mecanismos anticorrupción, especialmente en sectores críticos como la salud.