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En mayo de 2016, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a 68 empresas del Grupo Waked en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (conocida como Lista Clinton), acusándolas de formar parte de una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. Esta acción tuvo repercusiones inmediatas y devastadoras para la familia Waked y sus negocios en Panamá, incluyendo la intervención del Balboa Bank & Trust y la detención de Nidal Waked en Colombia.
El gobierno panameño, bajo la administración del presidente Juan Carlos Varela, reaccionó rápidamente a estas acusaciones. Sin embargo, según revelaciones posteriores, hubo una falta de investigación interna antes de tomar decisiones que afectaron significativamente a la familia Waked y sus empresas. Los «Varelaleaks» expusieron comunicaciones en las que el presidente Varela y su ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, discutían estrategias para despojar a Abdul Waked de propiedades como Soho Mall, anticipando posibles demandas por daños y perjuicios debido al desmantelamiento de sus bienes sin un proceso judicial adecuado.
La falta de pruebas contundentes en contra de Abdul Waked, basadas en testimonios de testigos protegidos y sin evidencia sólida presentada públicamente, generó críticas sobre la transparencia y justicia del proceso. A pesar de la gravedad de las acusaciones, no se presentaron cargos formales en Panamá contra Abdul Waked, lo que plantea interrogantes sobre la veracidad de las acusaciones y la rapidez con la que el gobierno panameño actuó en base a información extranjera sin una investigación propia exhaustiva.
El daño mediático fue significativo. La reputación de la familia Waked quedó seriamente afectada, y sus empresas, que empleaban a miles de panameños, enfrentaron una crisis de confianza tanto a nivel nacional como internacional. Económicamente, las consecuencias fueron devastadoras. La inclusión en la Lista Clinton resultó en la pérdida de acceso al sistema financiero internacional, llevando al cierre o venta forzada de varias de sus empresas. Abdul Waked presentó una demanda contra el Banco Nacional de Panamá y el Estado panameño, exigiendo una compensación de $1,269 millones por daños y perjuicios, argumentando que el banco, como fiduciario, facilitó el proceso que lo despojó de sus bienes sin el debido proceso.
Con el tiempo, algunas empresas del Grupo Waked fueron removidas de la Lista Clinton, pero para entonces, muchas ya habían cesado operaciones o cambiado de propietarios. La embajada de Estados Unidos en Panamá aclaró que estas empresas fueron eliminadas de la lista debido a que ya no existían, y no necesariamente porque se hubiera demostrado su inocencia.
Este caso pone de manifiesto la importancia de que los gobiernos realicen investigaciones internas exhaustivas antes de actuar basándose únicamente en listas o acusaciones extranjeras. La falta de una verificación independiente puede conducir a decisiones precipitadas que afectan no solo a las personas y empresas involucradas, sino también a la economía y reputación del país en su conjunto.
