Procurador General considera inconstitucional el contrato de Panamá Ports

El Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, ha emitido un concepto legal declarando inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panamá Ports Company, S.A. Esta opinión surge en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad presentada por los abogados Norman Castro y Julio Fidel Macías Hernández contra el artículo 1 de la Ley No. 5 del 16 de enero de 1997.

La ley en cuestión aprobó el contrato que otorgó a Panamá Ports Company los derechos para el desarrollo, construcción, administración y dirección de las terminales portuarias en los puertos de Balboa y Cristóbal. Este acuerdo ha sido objeto de controversia debido a su alcance y las condiciones favorables otorgadas a la empresa.

En su análisis, el Procurador Gómez Rudy concluyó que el contrato viola principios constitucionales fundamentales. Aunque los detalles específicos de la inconstitucionalidad no fueron divulgados en su totalidad, el Procurador ha solicitado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el contrato.

Esta opinión del Procurador se suma a una creciente preocupación sobre la legalidad y el impacto del contrato con Panamá Ports Company. Anteriormente, se han planteado inquietudes sobre:

La posible violación de la soberanía nacional al otorgar derechos exclusivos sobre la gestión portuaria.
Restricciones a la libre competencia en el sector portuario.
Cuestionamientos sobre el proceso de adjudicación del contrato.

El caso ha ganado relevancia adicional en el contexto de las tensiones geopolíticas actuales, dado que Panamá Ports Company está vinculada a un conglomerado con sede en Hong Kong, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la influencia extranjera en infraestructuras críticas panameñas.

La Corte Suprema de Justicia ahora deberá considerar la opinión del Procurador General junto con los argumentos presentados en la demanda original para tomar una decisión sobre la constitucionalidad del contrato. Esta resolución podría tener implicaciones significativas para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, así como para las relaciones comerciales y diplomáticas de Panamá.