PRD y Partido Panameñista respaldan a Meneses y al alcalde de Pocrí, Manuel Soriano, respectivamente, en medio de investigaciones judicialesLos principales partidos políticos del país salieron este lunes en defensa de dos de sus miembros detenidos por investigaciones judiciales, en medio de un clima de creciente tensión entre las instituciones del Estado y señalamientos de politización de la justicia.Por un lado, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) emitió un comunicado oficial respaldando al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Bernardo Meneses, quien fue detenido el pasado fin de semana en el marco de una investigación por presunto peculado y uso indebido de fondos estatales. Según el comunicado, Meneses «se ha presentado en reiteradas ocasiones ante el Ministerio Público» y su detención, catalogada como «innecesaria y desproporcionada», atenta contra «la presunción de inocencia y el debido proceso».El PRD, que enfrenta una fuerte reconfiguración tras su pérdida de poder en las elecciones de mayo de 2024, reiteró su confianza en que «la justicia prevalecerá» y expresó su rechazo a lo que describen como «acciones mediáticas con fines políticos».En paralelo, el Partido Panameñista —tradicionalmente conocido como el Partido Arnulfista y actualmente fuerza mayoritaria en la Asamblea Nacional— expresó su respaldo institucional al alcalde del distrito de Pocrí, provincia de Los Santos, Manuel Soriano, detenido por presuntos actos de corrupción administrativa relacionados con la contratación directa de obras municipales sin los debidos procesos de fiscalización.A través de un pronunciamiento público, la dirigencia del partido afirmó que «cree firmemente en el Estado de derecho» y que, si bien toda denuncia debe ser investigada, «mientras no haya una sentencia en firme, la presunción de inocencia debe ser respetada».Ambos comunicados coinciden en señalar que si las acusaciones resultan comprobadas, los responsables deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes, sin importar el cargo o afiliación política. Sin embargo, también advierten contra lo que consideran «una creciente instrumentalización de la justicia con fines políticos».

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