Este jueves, el presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió los recientes nombramientos de Luis Carlos Gómez como procurador de la Nación y de Grettel Villalaz de Allen como procuradora de la Administración, durante su conferencia de prensa semanal. Mulino afirmó que estos nombramientos responden a su facultad constitucional y subrayó la integridad y profesionalismo de ambos abogados.
Nombramientos conforme a la Constitución
El presidente fue claro al señalar que ejerció su derecho constitucional al hacer estas designaciones. “Es un derecho del presidente de la República nombrar, y nombré”, afirmó. Mulino defendió que tanto Gómez como Villalaz de Allen son profesionales íntegros y experimentados, destacando que no fue una decisión arbitraria, sino basada en la confianza personal y la experiencia de los procuradores.
Defensa personal y lealtad
Al referirse a Luis Carlos Gómez, Mulino reveló que el nuevo procurador lo defendió de manera voluntaria durante uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando fue encarcelado. “Lo conocí porque me defendió en mi peor momento personal y profesional”, comentó el mandatario, aludiendo a la persecución política que sufrió durante la administración de Juan Carlos Varela, según los “Varela Leaks”.
Procuradores alejados de la “taquilla”
Mulino subrayó que ni Gómez ni Villalaz de Allen tienen relación con lo que él calificó como la “procuraduría paralela” que, bajo la administración de Varela, estuvo supuestamente involucrada en persecuciones políticas. “No son parte de la taquilla”, afirmó, en clara referencia a la exposición mediática que caracteriza a otros actores políticos.
Respetará la independencia del Ministerio Público
El presidente reiteró que no tiene intención de ejercer presión ni control sobre las investigaciones del Ministerio Público. También negó que busque influir en la Corte Suprema de Justicia, asegurando que las investigaciones serán completamente independientes.
Finalmente, Mulino dejó en manos de la Asamblea Nacional la decisión de aprobar o no los nombramientos, afirmando que actuó “de la mejor buena fe” al seleccionar a los procuradores.