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El Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá ha iniciado una investigación exhaustiva sobre la compra de máquinas perforadoras de pozos y bombas sumergibles, valorada en B/.10 millones, realizada durante la administración anterior. Esta acción responde a la instrucción del presidente José Raúl Mulino, quien ha solicitado una auditoría interna y la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público.
El presidente Mulino detalló en conferencia de prensa que las perforadoras llegaron seis meses después de la fecha que aparece en las actas de aceptación, y casi dos meses luego de haber sido pagadas en su totalidad. Además, los equipos fueron entregados sin un acta oficial, en la noche del 30 de junio, justo dos días antes de que la administración saliente dejara el poder.
Fallas en la Documentación y Equipos Incompletos
Uno de los problemas más graves detectados es que las perforadoras fueron entregadas con manuales en chino, lo que ha dificultado su correcta operación y verificación. A esto se suma que las especificaciones técnicas de las máquinas aún no han sido entregadas, dejando al personal del MINSA sin certeza de su funcionalidad.
El presidente también señaló que las bombas sumergibles, necesarias para el correcto funcionamiento de los pozos, no cumplían con las especificaciones del contrato. El proveedor informó, de manera unilateral, que las reemplazaría por otras distintas, sin contar con documentación que acreditara su calidad o procedencia, lo cual fue aceptado por la administración anterior, a pesar de no cumplir con los requisitos legales.
Licitaciones Rápidas para Continuar el Plan de Pozos
Ante las irregularidades, el Gobierno Nacional ha decidido poner en marcha licitaciones rápidas para contratar a empresas calificadas que puedan continuar con el plan de construcción de pozos en el país. Mientras tanto, las máquinas adquiridas han sido dadas de baja y están bajo investigación para determinar si eventualmente pueden ser utilizadas.
Este proceso de auditoría y denuncia se perfila como una medida importante para garantizar la transparencia en las adquisiciones del Estado, buscando corregir irregularidades y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.
