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El contralor general de la República, Anel «Bolo» Flores, denunció hoy un esquema financiero que ha privado al Estado panameño de millones de dólares a través de subsidiarias fantasmas de Panama Ports Company, calificando los hallazgos como «inauditos» y anunciando acciones legales inmediatas.
«Esto es muy serio; lo que hemos encontrado es inaudito», declaró Flores en una rueda de prensa donde detalló cómo la operadora portuaria habría manipulado sus ganancias a través de empresas satélites, generando pérdidas significativas para las arcas estatales.
Subsidiarias fantasmas y millones desviados
La auditoría reveló un esquema donde Panama Ports reportaba cada vez menos ganancias mientras aumentaba el volumen de operaciones, con $478 millones que se pagaron a supuestas subsidiarias entre 2015 y 2023.
«Aquí no importa cuánto produces; entre más contenedores mueves, menos ganas», explicó el contralor, señalando que las ganancias netas disminuyeron drásticamente de 22 a solo 11 contenedores y eran pagados a estas compañías satélites.
Lo más alarmante, según Flores, es que Panama Ports Company ha negado que estas empresas sean subsidiarias o concesionarias. «Entonces, ¿qué son? Fantasmas que están allí. Es un chiste de mal gusto. Esas empresas están, en estos momentos, bajo la lupa de la DGI», afirmó.
Responsabilidad del excontralor y contratos sin refrendo
Flores responsabilizó directamente al excontralor Gerardo Solís por no impedir la renovación del contrato a pesar de un informe de 2021 que señalaba «taxativamente falencias» en el cumplimiento de los acuerdos.
En un movimiento sin precedentes, el contralor anunció que hará pública la auditoría realizada durante la administración anterior, que según él «se manejó en secreto y nunca debió hacerse así».
Uno de los aspectos más graves revelados es la aparente inexistencia de un contrato refrendado. «En reiteradas notas se ha pedido a Panama Ports que envíe el contrato refrendado, pero no lo han hecho, porque no existe», aseguró Flores.
«Contrato leonino» y «malos panameños»
El contralor no escatimó críticas contra la anterior Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), acusándolos de negligencia o posible corrupción.
«Ellos cogieron el número editorial nuestro para una auditoría que hizo la AMP y que la hicieron en tres días. Por eso digo que hay malos panameños. O eres tan bruto —que no creo—, o no sabes negociar, o lo hiciste con alevosía», manifestó.
«Aquí tiene que haber algo más, porque todo el mundo negoció a favor de la empresa. La camiseta de Panamá nadie se la puso. Tenemos un contrato leonino», enfatizó.
Ampliación de investigaciones a otras empresas estatales
Flores anunció que su oficina evaluará todas las empresas donde el Estado tiene participación, tras detectar una alarmante disminución en los dividendos recibidos.
«En 2014, recibíamos casi 180 millones de dólares en dividendos; el año pasado, apenas 80 millones de todas estas compañías», reveló, cuestionando cómo es posible que mientras el PIB creció en 30 mil millones de dólares en la última década, los ingresos estatales por participaciones empresariales se redujeron drásticamente.
También prometió revisar las tarifas del movimiento de contenedores en todos los puertos del país, sugiriendo posibles irregularidades en este sector clave para la economía panameña.
El caso de Panama Ports amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Panamá, con posibles ramificaciones que afectarían a altos funcionarios de administraciones anteriores y a todo el sector marítimo nacional.
