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El Contralor Anel Flores se ha propuesto poner un alto al despilfarro de fondos públicos en Panamá, según declaraciones ofrecidas en una reciente entrevista. Flores reveló irregularidades significativas en la Asamblea Nacional, incluyendo la retención de más de 300 cheques debido a la falta de justificación laboral de los beneficiarios. Además, denunció la existencia de estructuras políticas encubiertas en las provincias, financiadas con recursos del Estado.
En la entrevista, Flores detalló que las auditorías en la Asamblea Nacional han revelado pagos a individuos sin evidencia de trabajo realizado. “No hemos encontrado funciones, marcaciones ni evidencias de trabajo,” afirmó, subrayando que estos casos serán remitidos al Ministerio Público. A su vez, garantizó que aquellos funcionarios con la documentación en regla comenzarán a recibir sus pagos a la brevedad posible. Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) como parte de una iniciativa para depurar la planilla estatal.
El Contralor también señaló que cinco diputados concentran una gran parte del presupuesto de la planilla, superando los $300,000 cada uno. Criticó el uso de fondos públicos para financiar estructuras políticas disfrazadas en provincias, mencionando el caso de Chitré, donde la Asamblea tiene más personal que la Contraloría en toda la provincia de Herrera. Flores hizo un llamado a la nueva administración legislativa para que implemente cambios, como la instalación de relojes de marcación, y para que se detenga el “feudalismo, los clanes familiares y los nombramientos heredados” dentro de la institución.
Adicionalmente, informó que se están llevando a cabo más de 180 auditorías, principalmente en juntas comunales de la capital, donde se sospecha el uso de fondos públicos con fines proselitistas.
En cuanto a la polémica retención de salarios a docentes en paro, Flores fue contundente: “El que no trabaja, no cobra. Así lo establece la Constitución.” Explicó que alrededor de 2,000 educadores no han recibido su salario por no asistir a clases desde el 23 de abril. Criticó que 38 dirigentes gremiales sí recibirán sus sueldos a pesar de haber declarado falsamente su asistencia a clases. “Se presentaron en listas como asistentes, pero estaban protestando en las calles. Eso es un típico ‘juega vivo’ que no podemos permitir,” aseveró.
Flores también cuestionó el uso de menores en manifestaciones y denunció la creación de un ambiente de temor entre los padres de familia. Aclaró que la ley en cuestión no afecta los derechos adquiridos de los docentes, especialmente en lo relacionado con la Caja de Seguro Social. Concluyó enfatizando que, si bien los docentes tienen derecho a protestar, no tienen derecho a cobrar por no trabajar, y que ninguna huelga debe ser financiada con fondos públicos.
