410,000.00 dólares cobró el Doctor Moisés Chitrit por 25 operaciones estéticas con fondos de La Presidencia

410,000.00 dólares cobró el Doctor Moisés Chitrit por 25 operaciones estéticas con fondos de La Presidencia

El cirujano Moisés Chitrit Amar ha sido objeto de controversia por la cantidad de operaciones bariátricas que ha realizado utilizando fondos de la Presidencia de Panamá bajo la administración de Laurentino «Nito» Cortizo. De los 46 pacientes beneficiados, 25 fueron operados por Chitrit en clínicas privadas, por lo cual recibió más de $410,000. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre por qué no se realizaron estas cirugías en hospitales públicos como el Hospital Santo Tomás o el Seguro Social, lo cual habría supuesto un ahorro significativo y mayor transparencia.

El Trasfondo del Caso

El presidente Nito Cortizo autorizó el uso de fondos de la partida discrecional para realizar estas cirugías, un procedimiento que ha sido criticado debido a la falta de transparencia en su ejecución. La cantidad significativa de operaciones asignadas a un solo cirujano ha suscitado dudas sobre si se siguieron criterios justos y médicos o si hubo favoritismo.

La decisión de recurrir a clínicas privadas en lugar de utilizar la infraestructura hospitalaria pública, como el Hospital Santo Tomás o el Hospital de la Caja del Seguro Social, plantea preguntas sobre el uso eficiente de los recursos públicos. Estos hospitales, aunque tienen limitaciones, cuentan con los equipos y personal necesario para realizar cirugías bariátricas. Además, el acceso a los mismos habría reducido considerablemente el costo por intervención.

Los Fondos y las Clínicas Privadas

El monto total asignado al doctor Chitrit, $410,178.68, representa más de la mitad del presupuesto total destinado a estas cirugías bariátricas, lo cual evidencia su rol central en este proceso. Sin embargo, el uso de clínicas privadas incrementó considerablemente los costos por cada intervención. En el Hospital Santo Tomás, una operación de este tipo cuesta significativamente menos, debido a que ya se cuenta con la infraestructura y personal médico necesario, y no se debe pagar por el uso de instalaciones privadas.

El Hospital Punta Pacífica fue uno de los principales beneficiados de estos fondos, siendo la clínica donde se realizaron muchas de las cirugías. Aunque esta institución es reconocida por su calidad, el costo de cada intervención es mucho más elevado en comparación con los hospitales públicos.

La Justificación del Uso de Fondos Públicos

Las autorizaciones de la Presidencia de la época decian el expediente que el uso de los fondos discrecionales en estas cirugías eran necesarias y que beneficiaron a pacientes de bajos recursos que no podían acceder a estos procedimientos por vías tradicionales. Además, se ha mencionado que las listas de espera en hospitales públicos como el Santo Tomás y el Seguro Social eran demasiado largas, lo que justificó la decisión de utilizar clínicas privadas para acelerar el proceso. lo cual es una mentira el total de las operaciones realizadas por el Doctor Shitrit fueron a funcionarios allegados al régimen de Nito Cortizo.

Críticos señalan que, si se hubiera invertido en mejorar la infraestructura y reducir las listas de espera en los hospitales públicos, se habría logrado un impacto más amplio y sostenible a largo plazo. También se cuestiona por qué una sola persona, el doctor Moisés Chitrit, fue seleccionada para realizar más de la mitad de las cirugías, lo cual podría sugerir favoritismo o una falta de equidad en la asignación de los procedimientos.

La Falta de Transparencia

Otro aspecto que ha generado preocupación es la falta de transparencia en el proceso de selección de los pacientes y cirujanos. No se ha detallado públicamente cómo se eligieron a los beneficiarios de las cirugías ni los criterios utilizados para asignar los fondos a los diferentes doctores y clínicas. Esta falta de claridad ha incrementado las sospechas sobre posibles irregularidades en la gestión de estos recursos.

El doctor Chitrit, por su parte, ha defendido su participación en el programa, alegando que las cirugías fueron necesarias para mejorar la calidad de vida de los pacientes y que se realizaron con el más alto estándar de calidad. Sin embargo, el hecho de que estas intervenciones se hayan concentrado en clínicas privadas y que él haya recibido la mayor parte de los fondos ha generado un debate sobre la equidad y justicia en la distribución de los recursos públicos.

El Rol de la Presidencia en la Fiscalización

El uso de la partida discrecional de la Presidencia ha sido objeto de múltiples críticas en los últimos años, no solo por este caso, sino por la forma en que se ha utilizado para financiar proyectos sin el escrutinio adecuado. Aunque la cirugía bariátrica es un procedimiento médico importante para muchas personas, los críticos argumentan que la asignación de fondos públicos debe estar sujeta a un control más riguroso y una mayor transparencia.

Este caso pone en evidencia la necesidad de reformar el sistema de fiscalización del uso de fondos públicos en Panamá, asegurando que se utilicen de manera equitativa y eficiente para maximizar su impacto en la población. En lugar de depender de soluciones privadas costosas, muchos expertos sugieren que el gobierno debería invertir en fortalecer el sistema de salud pública, garantizando que todos los panameños tengan acceso a los tratamientos que necesitan, sin recurrir a intermediarios privados que encarecen los procedimientos.

Conclusión

El caso del doctor Moisés Chitrit y las cirugías bariátricas financiadas con fondos públicos es un ejemplo de cómo la falta de transparencia y la centralización de recursos en el sector privado pueden generar controversia y dudas sobre el uso eficiente de los fondos públicos. Aunque estas intervenciones han mejorado la vida de los pacientes beneficiados, el debate sobre si se hizo de la manera más justa y eficiente sigue abierto. La lección para el futuro es clara: se necesita mayor supervisión, transparencia y una mejor planificación en la asignación de recursos para garantizar que las decisiones que afectan a la salud pública beneficien al mayor número de personas posible, y no solo a unos pocos.

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