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Hay decisiones que pueden ser legales y, aun así, provocar una pregunta profundamente incómoda sobre la moralidad con la que el Estado administra el dinero de todos.
Ese es exactamente el caso de Ingeniería REC, S.A.
La empresa acaba de obtener un contrato de aproximadamente B/.14.8 millones con la Autoridad Nacional de Aduanas para la construcción del Centro de Control de Frontera de Guabito, en Bocas del Toro. Una obra importante, estratégica y financiada dentro del programa de integración logística fronteriza.
Hasta allí, podría parecer una adjudicación más.
El problema es el pasado.
El representante de Ingeniería REC, Eduardo Di Bello, no apareció accidentalmente mencionado en el expediente de Blue Apple. Las investigaciones judiciales documentaron que Ingeniería REC realizó pagos hacia la estructura financiera del caso, incluyendo un cheque superior a B/.805 mil.
Y hay algo todavía más contundente: Di Bello alcanzó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, admitió pagos indebidos vinculados al esquema y devolvió B/.1.3 millones al Estado. Ese acuerdo permitió que quedara eximido de continuar siendo procesado dentro del caso.
El propio Ministerio Público ha señalado que Ingeniería REC estuvo entre las constructoras que alimentaron las cuentas de Blue Apple, dentro de un sistema en el que se solicitaban porcentajes relacionados con contratos estatales a cambio de agilizar trámites y pagos.
Entonces aparece la pregunta que Panamá tiene derecho a hacerse:
¿Cómo pasamos de devolver dinero producto de pagos indebidos al Estado a recibir nuevamente contratos millonarios del mismo Estado?
LEGALIDAD NO SIEMPRE ES SINÓNIMO DE MORALIDAD
Hay que ser claros.
Hasta este momento no existe evidencia que permita afirmar que la adjudicación de Guabito a Ingeniería REC sea ilegal por el simple antecedente de Blue Apple.
Tampoco estamos diciendo que Eduardo Di Bello haya sido condenado penalmente por esos hechos. No lo fue: colaboró con la Fiscalía y llegó a un acuerdo dentro del proceso.
Esa diferencia jurídica importa.
Pero también importa otra cosa.
El Estado no solamente debe preguntarse quién puede contratar legalmente. También debería preguntarse quién merece nuevamente la confianza de administrar millones de dólares públicos.
Porque una empresa puede cumplir con un pliego.
Puede presentar una fianza.
Puede tener capacidad financiera.
Puede tener experiencia técnica.
Pero cuando existe un antecedente documentado de pagos indebidos vinculados a contratos públicos, ¿no debería existir también una evaluación de integridad?
Eso es lo que hoy falta en la discusión.
Panamá ha pasado años reclamando transparencia, mejores controles y una nueva relación entre contratistas y funcionarios. Sin embargo, nueve años después de Blue Apple, varias constructoras cuyos representantes reconocieron pagos vinculados a aquel esquema siguen acumulando contratos millonarios con el Estado. Una investigación publicada este mismo año incluye expresamente a Ingeniería REC entre ellas.
Y entonces el mensaje que recibe el ciudadano puede terminar siendo devastador:
Paga, confiesa, devuelve una parte, colabora… y después vuelve a contratar.
Quizás legalmente sea posible.
Pero moralmente merece una explicación.
GUABITO MERECE MÁS TRANSPARENCIA
Estamos hablando además de una obra fronteriza estratégica.
El Centro de Control de Guabito no es una acera ni una pintura de mantenimiento. Forma parte del sistema que debe fortalecer controles aduaneros, migratorios, sanitarios y comerciales en una frontera internacional.
Por eso, tratándose de una empresa con antecedentes tan sensibles, Aduanas debería publicar y explicar con absoluta transparencia el expediente completo de esta contratación.
Quiénes compitieron.
Cuál era el precio de referencia.
Por qué Ingeniería REC fue seleccionada.
Qué evaluación de integridad se realizó.
Y qué garantías adicionales existen para proteger los recursos públicos.
No se trata de impedir eternamente que una empresa vuelva a trabajar con el Estado.
Se trata de establecer un principio básico:
quien alguna vez admitió participar en pagos indebidos relacionados con contratos públicos debería enfrentar un nivel de escrutinio mucho mayor cuando pretende volver a manejar millones del erario.
Porque las leyes pueden establecer cuándo una empresa está habilitada para contratar.
Pero la ética pública debe establecer cuándo el Estado está dispuesto a confiar nuevamente.
Y allí está el verdadero debate de Guabito.
Ingeniería REC puede quizás estar legalmente habilitada para construir una obra de B/.14.8 millones.
La pregunta que todavía nadie ha contestado es otra:
¿ES MORALMENTE CORRECTO QUE PANAMÁ SIGA PREMIANDO CON CONTRATOS MILLONARIOS A QUIENES YA ADMITIERON PAGOS INDEBIDOS ALREDEDOR DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA?
Esa respuesta no está en una fianza.
Ni en una comisión evaluadora.
Ni siquiera únicamente en la Ley 22.
Está en el tipo de Estado que Panamá quiere construir después de Blue Apple.
